El Tribunal Constitucional reabre el pulso político por el control de las aguas del Ebro

El pulso político por el control de las aguas del Ebro ha vuelto a reabrirse tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender cautelarmente la Ley de Aguas de Aragón . Lo ha hecho tras admitir a trámite el recurso presentado contra esta ley por el Consejo de Ministros, por entender que invade competencias que son exclusivas del Estado.

Aunque la «batalla» se dirime en términos jurídicos, el trasfondo es político. Las aguas del Ebro llevan décadas siendo objeto de tensión entre territorios, a vueltas con las aspiraciones de trasvase manifestadas insistentemente desde la Comunidad Valenciana y Murcia, la persistente negativa que al respecto han mostrado todas las fuerzas políticas en Aragón, los intentos de Cataluña por tener una capacidad decisoria extra sobre los caudales ejercida desde el Delta del Ebro, y también por la reivindicación aragonesa de contar con una reserva hídrica de uso exclusivo.

Esto último es uno de los puntos de fricción que aflora ahora en el pulso que se dirime en el Tribunal Constitucional. Desde hace ocho años, el Estatuto de Autonomía de Aragón le reconoce a esta Comunidad el derecho a contar con una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos de aguas de la cuenca del Ebro. Es lo mismo que ya fijó —con escaso éxito práctico— el Pacto del Agua de Aragón aprobado en 1992.

Sin embargo, pese a haberse incluido en 2007 en el Estatuto de Autonomía, la cuestión sigue discutiéndose ahora ante el recurso admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. En Aragón hay unanimidad entre todos los partidos —PP incluido— en que esa reserva hídrica es irrenunciable. Ante el nuevo pulso que se ha abierto, el actual Gobierno regional del socialista Javier Lambán ha advertido que defenderá esa reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos y que así lo planteará, de inmediato, en las alegaciones que va a presentar en los próximos días ante el TC.

Dicha reserva se planteó en su día no solo como una forma de garantizar las necesidades de abastecimiento de Aragón, sino también —de paso— como una forma de bloquear posibles intentos de resucitar el trasvase del Ebro.