La Muela: el pueblo que concentra la mayor densidad de presuntos corruptos

Ahora La Muela cuenta con 5.000 vecinos, pero hasta hace poco más de diez años no llegaba a los 2.000. En el año 2000, por ejemplo, sumaba 1.351 empadronados. Eso sí, el censo empezó a dispararse con fuerza y, a tenor del sumario de la «operación Molinos», a la par que eso sucedía prosperaba la corrupción con la que la entonces alcaldesa y su familia se habrían hecho con una fortuna valorada en unos 18 millones de euros.

Actualmente, La Muela tiene 5.000 empadronados. Aun tomando como referencia esta cifra, la «operación Molinos» deja en esta localidad un imputado por cada 120 vecinos. Incluso así supera con creces, en casi diez veces más, la «densidad corrupta» de la hasta la fecha más popular localidad española por esta causa: Marbella.

Por el famoso «caso Malaya» de la corrupción marbellí se sentaron en el banquillo 95 imputados por una trama concentrada en esta localidad costera de 140.000 habitantes. La media: un imputado por corrupción cada 1.500 vecinos.

Tanto en uno como en otro casos, la «tasa» corrupta hay que matizarla: una gran parte de los integrantes de la lista de imputados no eran propios del lugar, no eran vecinos en sentido estricto sino foráneos partícipes de los viscosos negocios que, en ambos casos, se fraguaron al calor del urbanismo y con sus respectivos ayuntamientos como activos instrumentos para el chanchullo.

En el caso de La Muela, la exalcaldesa es la principal imputada por esta trama. María Victoria Pinilla ocupó el cargo desde 1987 hasta 2011. Unos años antes había ocupado el mismo puesto un primo suyo, Carmelo Aured, encausado también en estas diligencias y que ya ha sido juzgado y condenado por otro proceso.

A Pinilla se la considera cabecilla de un entramado corrupto del que se habrían beneficiado y en el que habrían participado directamente otras 42 personas. Entre ellas, varios miembros más de su familia. Las diligencias han incluido a su exmarido y a uno de sus hijos.

María Victoria Pinilla no dejó la Alcaldía ni cuando entró en prisión provisional tras ser detenida el 18 de marzo de 2009, cuando se desencadenó la actuación policial tras más de un año de investigaciones. Entró en la cárcel, pero sin dejar el bastón de mando.

Se mantuvo como alcaldesa, no dimitió. Luego salió de prisión y quedó en libertad provisional a la espera de juicio. Fue en julio de 2009. Y siguió como alcaldesa hasta el final de la legislatura, hasta que las elecciones municipales de 2011 dieron lugar a otra Corporación que tuvo que enfrentarse a un panorama económico desolador, con unas arcas del Ayuntamiento llenas de agujeros y números rojos. A 30 millones de euros ascendía la deuda, según se dijo entonces. Eso sí, deuda gigantesca en un pueblo con cantidad de edificios públicos de postín, porque a la par que campaba la presunta corrupción también lo hacían los proyectos públicos: plaza de toros flamante, tres museos –«del viento», «del aceite», «de la vida»–, auditorio... Todo eso aderezado con generosos entretenimientos pagados para el vecindario a costa de las arcas municipales, que incluían viajes al Caribe tan subvencionados que casi salían gratis, ayudas económicas diversas y espectáculos a lo grande. Hasta a Julio Iglesias contrató la entonces alcaldesa para que cantara –y cantó– en un concierto en este pequeño municipio.

Ahora María Victoria Pinilla se sienta en el banquillo por vez primera desde que saltó la «operación Molinos», aunque esta primera cita con un tribunal como acusada no está relacionada con este proceso sino con otra causa. Se trata de la denuncia por prevaricación que los propietarios de una junta de compensación urbanística le impusieron, hartos de ver cómo actuó con tra ellos.

El fiscal, por este proceso, pide para la exalcaldesa de La Muela ocho años y medio de inhabilitación y que responda por los perjuicios que sus acciones causaron a esa junta de compensación, cifradas por el fiscal en 3,6 millones de euros. Si a los perjudicados se les da la razón, de ese perjuicio tendría que responder ahora el Ayuntamiento con indemnización multimillonaria. Y es que Pinilla se negó sistemáticamente a recibir unas obras de urbanización que entorpecieron gravemente aquella iniciativa privada, pese a que –según la Fiscalía– debía haber dado luz verde a la recepción de aquellas obras e incluso había informes técnicos municipales que indicaban que así debía ser.

Este juicio por prevaricación se prolongará hasta el 3 de febrero en tres sesiones. La primera este martes, la siguiente el 27 de este mismo mes y la última el 3 de febrero. En la segunda comparecerán 11 personas llamadas a declarar como testigos, y en la tercera y última será el turno de los peritos.

Pero a Pinilla le queda pendiente el juicio por la macrocausa de la «operación Molinos», un proceso que ejemplifica el paso poco ágil de la Justicia. Tras años de instrucción que cayó sobre las espaldas de un juez de La Almunia, la Audiencia Provincial de Zaragoza aún tiene que fijar fecha para el juicio. Y hace ya casi seis años que se destapó el caso. Se especulaba con que la vista arrancaría a finales de este año, pero no está claro. Cuando llegue el momento, en el banquillo se sentarán la exalcaldesa y los otros 40 imputados para los que la Fiscalía pide penas que suman 263 años de cárcel.

El Ministerio Público considera que entre todos ellos cometieron 142 delitos, todos ellos compartiendo la misma esencia: el enriquecimiento ilícito con la mediación de negocios municipales y causando también perjuicio económico a un Ayuntamiento que pasó de presumir públicamente de su bonanza a destapar su situación ruinosa.

El Ayuntamiento es parte de la acusación. Para la exalcaldesa y otros tres de los principales imputados, el Consistorio reclama multas que suman en total unos 65 millones de euros. Eso sí, no todo el dinero que la sentencia fije en multas irá a parar a las arcas municipales. Entre otras cosas porque hay más perjudicados, caso de Hacienda. Cuando menos, el Ayuntamiento reclama que como responsabilidad civil se abonen a las arcas municipales 12 millones de euros, aportados conjuntamente por los principales encausados.