Un jubilado destapó la mayor red de tráfico de medicamentos de España

Hasta el momento hay acusación formal contra 15, todas de Aragón porque ha sido precisamente en esta región —más en concreto en la provincia de Teruel— donde la pasada primavera arrancó la denominada «operación Convector». Pero los investigadores dan por hecho que el número de boticas implicadas se extiende prácticamente por toda España. De hecho, la abundante documentación intervenida está obligando a revisar operaciones de compraventa de medicamentos entre los almacenes implicados y «cientos de farmacias» de un buen número de provincias.

Lo que encendió la mecha de esta operación fue la queja de un jubilado de Zaragoza. Había pasado unos días en Palomar de los Arroyos (Teruel) y en su farmacia compró medicamentos que le recetan para sus patologías crónicas. Cuando regresó a Zaragoza y acudió a su farmacia de la capital aragonesa para volver a comprar el medicamento, el ordenador que las boticas tienen conectado al sistema público de salud indicaba que recientemente ya se le había dispensado ese fármaco.

El usuario sabía que no era así. Se dirigió a Salud y se desencadenó una investigación que permitió tirar del hilo de otro indicio sospechoso: la elevada facturación que presentaba esta farmacia, inusual para una localidad de ese tamaño. Los inspectores de Farmacia del Gobierno aragonés recopilaron datos y eso precipitó una operación que se saldó con el registro e intervención de la farmacéutica de Palomar de los Arroyos, su hermana, un socio suyo en una parafarmacia de Enguera (Valencia) y dos trabajadores.

Presuntamente se habían falsificado recetas para hacer ver que se habían dispensado y facturado por esos medicamentos al servicio público de salud. Luego revendían esos fármacos. Pero, además de estas prácticas, la Guardia Civil turolense vio más hilos de los que tirar y abrió la «operación Convector».

Se ha saldado hasta el momento con 15 farmacias intervenidas en Zaragoza y Teruel —la gran mayoría situadas en el medio rural—, dos almacenes clandestinos en Valencia y otros cinco legales —tres de Granada, uno de Barcelona y otro de Málaga—. Se acusa a estos almacenes de compra fraudulenta de medicamentos en farmacias compinchadas, para venderlos luego en países en los que, de media, el precio de venta al público de esos fármacos es el doble, el triple... hasta un 800% más en algunos casos.

El capitán de la Guardia Civil Raúl Castillo ha confirmado a ABC que se da por hecho que se trata de «una red muy extendida» a nivel nacional.Revisar toda la documentación es un trabajo ingente que, casi con total seguridad, ampliará la lista de imputados.

Solo con el trasiego de medicamentos desviados desde las 15 farmacias intervenidas en Aragón se calcula que la red ha podido obtener entre cuatro y cinco millones. El fraude podría elevarse a decenas de millones de euros.