El Gobierno aragonés ve legal adjudicar a dedo una obra de 15,5 millones de euros

Cuando Marcelino Iglesias fue sustituido por Luisa Fernanda Rudi (PP), era al nuevo Gobierno aragonés al que le tocaba desentrañar lo ocurrido en Plaza, una madeja de sospechas bañadas por unas deudas multimillonarias y un chorreo de decenas y decenas de fondos públicos dilapidados en un proyecto que, hasta la fecha, se ha mostrado ruinoso.

El «caso Apartadero» conllevó la imputación en bloque de todos los que fueron miembros del consejo de administración de Plaza S.A., órgano dominado por cargos nombrados por el PSOE, varios de ellos a su vez altos cargos del Ejecutivo de Iglesias. Entre quienes ocupaban asiento en el consejo de administración en aquel momento también se encontraba Francisco Bono, quien por entonces era directivo de Ibercaja y a quien luego Rudi «fichó» para su gobierno como consejero de Economía, cargo en el que sigue.

El pasado julio, el juez que instruía el «caso Apartadero» anunció su archivo provisional por entender que, de los informes que se habían aportado –desde la propia Administración autonómica y desde su sociedad Plaza– no se podía deducir que hubo delito en la multimillonaria adjudicación a dedo que se había producido durante la etapa del PSOE.

El Gobierno de Rudi se ha dado por satisfecho con el auto de archivo del caso y no lo ha recurrido. Tampoco lo ha hecho la sociedad Plaza, controlada igualmente por el Gobierno aragonés. Y como ninguna de las partes personadas en el caso se han opuesto a que se archive definitivamente esta causa judicial, finalmente ha pasado a quedar guardada en un cajón sin responsabilidad penal alguna para quienes intervinieron en aquella adjudicación.

Se considera, por tanto, que fue legal haber adjudicado a dedo una obra de 15,5 millones de euros, pagada con fondos públicos. No hubo licitación pública alguna, sino que se optó por adjudicar ese multimillonario proyecto por la vía directa del procedimiento negociado sin publicidad. La beneficiaria fue la unión temporal de empresas formada por las compañías Acciona y MLN (Mariano López Navarro), que tuvieron una activa presencia en los contratos de obras ligados a la Plataforma Logística de Zaragoza durante años.