TRIBUNALES
Masiva imputación de altos cargos en Aragón por corrupción
Hay trece nuevos imputados por el «caso Plaza», entre ellos el vicealcalde de Belloch en Zaragoza y el consejero de Economía del Gobierno de Rudi
Las tres principales instituciones de la Comunidad autónoma –el Gobierno aragonés, las Cortes regionales y el Ayuntamiento de Zaragoza– han quedado directamente salpicadas por la corrupción en la Plataforma Logística (Plaza), tras haber sido imputados varios políticos que ocupan altos cargos en las tres instancias.
El titular del juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, que instruye una de las múltiples causas abiertas por la presunta corrupción en la sociedad autonómica Plaza durante la etapa del PSOE, acaba de imputar a 13 exconsejeros de administración de esa empresa pública. Lo ha hecho por la investigación sobre un posible amaño en la adjudicación de un contrato multimillonario que recayó en la unión temporal de empresas formada por Acciona y por la constructora local MLN, la misma a la que el Gobierno del socialista Marcelino Iglesias adjudicó el macroproyecto de urbanización de los terrenos para la Plataforma Logística.
Varios juzgados investigan la corrupción, el saqueo de fondos públicos y la gestión sospechosamente irregular en Plaza S.A., y entre todas las causas abiertas en los tribunales se investigan movimientos de más de 100 millones de euros. Pero el caso concreto que ha desencadenado estas trece nuevas imputaciones analiza solo una parte de aquellas obras adjudicadas a Acciona-MLN, los contratos relativos a un apartadero ferroviario y a la urbanización de una zona de expansión.
El juez Alfonso Tello ve indicios de delito, en concreto de prevaricación. Entre otras cosas, por unos correos electrónicos recopilados por los investigadores, en los que se constata que Acciona-MLN daba por seguro esos contratos mucho antes de que se realizara formalmente el proceso de adjudicación. Las obras ascendieron a 15,5 millones de euros.
Esas sospechas condujeron a la apertura de una causa penal que desencadenó unas imputaciones iniciales, que pusieron su foco principal en quien fue gerente de Plaza S.A., Ricardo García Becerril, quien está imputado en otras cuatro causas judiciales más por la corrupción en esa empresa pública durante la etapa del PSOE.
Sin embargo, el juez entiende que las imputaciones han de extenderse a los miembros del consejo de administración de Plaza que, en aquel momento, dieron el visto bueno a esas sospechosas adjudicaciones a Acciona-MLN.
La mayoría de los nuevos imputados por el juez Alfonso Tello son políticos que ocuparon –y en varios casos siguen ocupando– altos cargos en las principales instituciones de Aragón. Entre ellos, el actual portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alfredo Boné, el diputado y secretario segundo del Parlamento autonómico, Alfonso Vicente (PSOE), y el consejero de Economía del Gobierno aragonés, Francisco Bono. Los tres tienen actualmente la condición de aforados por los puestos políticos que ocupan actualmente, por lo que el juez ha cursado las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
También figuran en esta lista de imputados el socialista Fernando Gimeno, vicealcalde de Zaragoza y hombre de confianza del alcalde Juan Alberto Belloch; la concejal zaragozana de Servicios Públicos, la también socialista Carmen Dueso; y la edil zaragozana de Contratación y del Mayor, igualmente del PSOE, María Isabel López González.
Asimismo, están imputados el exviceconsejero socialista de Obras Públicas con el Gobierno de Marcelino Iglesias, que ocupó cargo de máxima responsabilidad política en Plaza, Carlos Esco –está imputado también en otras causas más por presunta corrupción en esa empresa pública–; el exconsejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional Alberto Larraz (PSOE), y la que fue consejera de Ciencia Tecnología y Universidad bajo la presidencia de Iglesias, María Teresa Verde.
Completan la lista de imputados otras cuatro personas que, como todas las anteriores, fueron miembros del consejo de administración de Plaza cuando se produjeron los hechos que se investigan: José Luis Abad Martínez, quien durante la etapa del PSO fue consejero delegado de la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad; el subdirector general de Ibercaja, José Luis Rodrigo Molla; Fernando Casasnovas, que se sentó en el consejo de administración en representación de la CAI; y Agustín García Inda, actual secretario general técnico de Educación.
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