corrupción
El juez retira el pasaporte al dueño del Real Zaragoza, imputado por corrupción
La Policía alertó al juez instructor de un viaje que hizo a Ecuador recientemente y de otro que iba a hacer a Perú
r. p.
El juez que instruye el «caso Codesport», una de las causas judiciales abiertas por la corrupción en la empresa pública Plaza S.A. (Plataforma Logística de Zaragoza) durante la etapa del Gobierno aragonés del PSOE, ha retirado el pasaporte al constructor y dueño del Real ... Zaragoza, Agapito Iglesias, que está imputado en esa causa.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, había sido informado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de que Agapito Iglesias había viajado recientemente a Quito (Ecuador) y de que tenía previsto hacer otro a Perú. Ante la información, el juez ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que retira el pasaporte al dueño del Real Zaragoza y le prohíbe que salga de España.
Agapito Iglesias es uno de los tres imputados por el «caso Codesport», que investiga la supuesta malversación de 14 millones de euros de fondos públicos. El juez considera que hay indicios suficientes que apuntan a que este constructor se repartió esos 14 millones de euros junto a los otros dos imputados, con los que habría tejido la operación de forma conjunta: el ex consejero socialista de Obras Públicas del Gobierno aragonés y máximo responsable de la empresa pública Plaza durante los años en que se produjeron los hechos, Carlos Esco; y el que era gerente de esa sociedad pública, Antonio Becerril.
En febrero, el juez instructor les impuso a todos ellos una fianza conjunta y solidaria, por responsabilidad civil , de 18,85 millones de euros.
Agapito Iglesias presentó para cubrir esa fianza las acciones del Real Zaragoza, que ahora está intentando vender, operación que el juez también ha intervenido. El magistrado emitió recientemente un auto advirtiendo que el dinero obtenido de la eventual venta debería ser entregado al juzgado, donde quedaría retenido para cubrir las responsabilidades que pudieran derivarse de la causa judicial abierta.
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