Las empresas públicas, un «oasis» para prevaricadores

El vacío legal parece notorio, y así queda certificado en una sentencia que se ha conocido esta misma semana. La ha dictado la Audiencia Provincial de Zaragoza, por el denominado «caso Mallén» en el que, entre otros, estaba imputado el alcalde de la localidad, Antonio Asín, que lleva 16 años en el cargo a través del PSOE y que también disfruta de escaño en la Diputación de Zaragoza.

Entre otros delitos, se le imputaban los de prevaricación y fraude por haber vendido a una empresa, por solo 60.000 euros, terrenos muncipales valorados en 1,2 millones de euros. El beneficio de la empresa con esta operación se multiplicó, porque además el Ayuntamiento tampoco aplicó salvaguarda alguna: ese precio «simbólico» se aplicó por entender de interés público que tenía el proyecto de esa empresa, que consistía en crear más de 200 empleos en la localidad. Sin embargo, los terrenos se le entregaron sin que se hicieran constar cláusulas tan elementales como que dichas parcelas revertirían al municipio si la empresa no cumplía. De hecho, apenas un año después la empresa en cuestión se declaró en concurso de acreedores y cerró, pero gracias a los terrenos se había beneficiado de un crédito de cientos de millones de euros. Para obtenerlo, aportó como garantía hipotecaria esos terrenos. Uno de los dueños de la empresa era un afiliado al PSOE y exdirigente de UGT en Navarra.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Zaragoza considera que estos manejos -que le supusieron al municipio perder la propiedad de esos terrenos valorados en 1,2 millones de euros- ni son constitutivos del delito de prevaricación ni del de fraude.

Las decisiones las impulsó y adoptó el alcalde. Pero -y aquí está el quid de la cuestión- en vez de tomar los acuerdos desde el Ayuntamiento, lo hizo desde una sociedad municipal a la que previamente el Consistorio le había cedido la propiedad de esos terrenos. Y es el quid de la cuestión, porque la sentencia determina que aunque la sociedad pública fuera al cien por cien del Ayuntamiento, y que como tal estuviera bajo el control del alcalde como responsable de dicha sociedad, no cabe la prevaricación administrativa porque los manejos se hicieron desde una entidad mercantil que se rige por el derecho empresarial y civil. Es decir, es un ámbito «privado».

Según indica expresamente la sentencia, los directivos de dicha sociedad pública -el alcalde y varios concejales- «podían vender esas parcelas (...) a quienes quisieran y al precio que estimaran oportuno». Y, por similares motivos, tampoco cabe el delito de fraude, «aunque el precio fuera meramente simbólico y aunque no hubiera concurso o subasta alguna» a la hora de vender esos terrenos.

El alcalde de Mallén se enfrentaba a una petición del fiscal de 14 años de prisión y 32 de inhabilitación. Al final, la sentencia le exonera de prácticamente todos los delitos que se le imputaban. Solo le ha condenado a siete años de inhabilitación, y no por esos manejos sino por haber pagado dos facturas con cargo al Ayuntamiento sin cumplir los esenciales requisitos legales.

El PP, que ha ejercido en este proceso judicial la acusación popular, se ha mostrado satisfecho con la sentencia y ha anunciado que no la va a recurrir. Quien sí va a hacerlo es el condenado, Antonio Asín, para que se le declare absolutamente inocente. Recurrirá ante el Tribunal Supremo, y ya ha dejado claro que, hasta que no haya sentencia firme, ni dejará la Alcaldía de Mallén ni su escaño en la Diputación de Zaragoza. De hecho, hace menos de un año -cuando ya estaba procesado- se subió el sueldo de alcalde con el apoyo de concejales del PSOE.