El alcalde de Mallén recurre la sentencia que le condena por prevaricador para aferrarse a sus cargos públicos

Asín ha dejado claro que no dimitirá hasta que haya sentencia firme. Y pasará tiempo porque en su estrategia está la de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, según ha indicado este lunes tras conocerse la sentencia condenatoria.

Antonio Asín fue juzgado por presuntos delitos de corrupción. El fiscal llegó a pedir para Asín 14 años de prisión y 32 de inhabilitación para ejercicio de cargo público.

Es alcalde de Mallén desde 1996, y diputado provincial desde 2011. Ambos cargos los disfruta como miembro del PSOE, aunque este partido optó por expulsarle en octubre de 2012, años después de que saltara la instrucción judicial y ante el revuelo público que había alcanzado el caso. Pese a ser expulsado del partido, Asín se negó a dimitir como alcalde ni como diputado provincial.

El caso se remonta a los años 2007 y 2008, cuando el Ayuntamiento de Mallén, a través de su sociedad mercantil urbanística, entregó por 60.000 euros a la empresa Agrovalle (de cuya cúpula formaba parte el exdirigente de UGT-Navarra y afiliado al PSOE José Antonio Pérez Lizar) unos terrenos que estaban valorados en 1,2 millones de euros.

Antonio Asín justificó ese precio «simbólico» en las ventajas que el proyecto industrial de Agrovalle iba a tener para Mallén, ya que prometía crear más de 200 empleos.

La empresa se benefició también de multimillonarias subvenciones del Gobierno aragonés, y de un aval crediticio de 600.000 euros concedido por el Ejecutivo autónomo a través de la sociedad pública Avalia.

El proyecto industrial acabó en fiasco en apenas un año, y se destapó un caso que acabó en los tribunales.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón exonera a Asín de la mayor parte de los delitos que se le imputaban. De hecho, no considera punible la actuación que llevó a cabo con Agrovalle. Entre otras cosas -indica la sentencia- porque no cabe prevaricación administrativa en actos cometidos a través de una sociedad pública, ya que entiende que se rige por el derecho privado, no por el público. Eso a pesar de que la sociedad pública en cuestión era íntegramente propiedad del Ayuntamiento.

A Antono Asín se le condena no por lo realizado en beneficio de Agrovalle, sino por haber pagado a un conocido suyo 65.477 euros por unos informes de 26 folios en total: a más de 2.500 euros por folio. Y algunos de ellos, sin incluir información original alguna -aparecían cuestiones tales como planos con la ubicación de Mallén o la fotografía del alcalde-. Los pagos se efectuaron con facturas falsas, por supuestos trabajos sobrevalorados, y además con la advertencia contraria del secretario del Ayuntamiento.

El beneficiario de estos cobros ha sido absuelto, porque los delitos de fraude y falsificación que le imputaban la fiscalía y la acusación -por los que pedían que fuera condenado a varios años de prisión- estaban prescritos cuando se iniciaron las actuaciones judiciales.