La Zona Franca del Puerto abarcará áreas externas para un nuevo centro empresarial

El titular del ente provincial anunció el pasado jueves la intención de pedir un estudio de viabilidad de la declaración de Zona Franca para el Puerto de Alicante, que supondría la rebaja de impuestos . Sánchez ha mantenido una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria de la ciudad, Juan Ferrer , en la sede de la estación marítima alicantina. Al encuentro de trabajo también han asistido el diputado de Presidencia, Economía y Relaciones Institucionales, Carlos Castillo, el director del Puerto, Carlos Eleno, y el jefe de Aduanas, Arturo Marcos.

El presidente de la Diputación, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que el puerto tiene una capacidad limitada para la concentración de esas empresas , por lo que están «estudiando y analizando zonas vinculadas al Puerto de Alicante que podrían acoger este proyecto».

No en vano, ha destacado que quieren «ir más allá» y ha incidido en el carácter global de la iniciativa para reactivar la economía en la provincia, por lo que ha asegurado que utilizarán «todos los mecanismos disponibles en el territorio». Asimismo, Sánchez ha añadido que éste es «uno de los mejores años turísticos en términos de ocupación», pero quieren «más» y por eso ha señalado la necesidad de diversificar la economía de la provincia.

Así, el representante del gobierno provincial ha indicado que el Puerto tiene «una posible zona de ampliación y otras áreas cercanas a él susceptibles de formar parte de este centro logístico empresarial que podría concentrar a empresas nacionales e internacionales» y ha añadido que para lograr este objetivo «hay que aprovechar toda la potencialidad de la provincia».

Al respecto, ha enumerado factores como la inversión en el Corredor Mediterráneo, el aeropuerto -que es el tercero en volumen de España- o la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

En este sentido, ha recordado que desde la Diputación han solicitado a INECA (Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante) un «sosegado y riguroso informe de impacto económico » que les servirá para decidir la dirección que deben tomar para reavivar la economía de la provincia.

Por su parte, Ferrer ha coincidido con César Sánchez en destacar al Puerto de Alicante como «motor de la economía provincial». En cuanto a la superficie disponible para la implantación del centro logístico empresarial, ha señalado que el Puerto dispone de espacios con registros no aduaneros, así como una ZAL (Zona de Actividades Logísticas) donde hay parcelas disponibles y ha insistido en que su estructura «pretende servir de espacio logístico a la provincia».

Del mismo modo, ha manifestado que hay espacios «muy bien conectados, tanto dentro como fuera del término municipal», que pueden constituir la Zona Franca para ese entramado empresarial en el que se agruparían empresas por acciones, como comerciales, tecnológicas o agroalimentarias, entre otras, «que no chocarían con la actividad ciudadana».

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que no será una «gran área industrial », ya que ha explicado que se encuentra muy cerca de la bahía y que su intención es respetarla al máximo y centrarse en «actividades puramente operativas».

Finalmente, el presidente de la Diputación de Alicante ha propuesto impulsar este proyecto con una serie de incentivos fiscales que propicien que las empresas muestren interés por instalarse en el territorio, en lo que también ha coincidido Ferrer. «Si un puerto tiene dinamismo, fuerza y volumen de tráfico comercial y turístico genera bienestar y empleo», ha asegurado Sánchez y, por ello, ha resaltado que el Puerto de Alicante es un pilar fundamental de la economía de la provincia.

Por otro lado, preguntado por su continuación en el cargo, el presidente de la Autoridad Portuaria ha declarado que es una decisión que compete al presidente de la Generalitat y que «cuando le venga bien confirmará o no o cambiará de presidente».

En este sentido, ha afirmado que sigue trabajando «como todos los días», aunque ha puntualizado que no se están tomando «decisiones importantes» porque gran parte de los miembros del Consejo de Administración todavía no ha sido «adecuado a la nueva situación política» y ha agregado que hace falta que todas las entidades remitan al Consell sus vocales y se ratifiquen. «Por prudencia política» no se hacen reuniones, ha concluido.