La Fiscalía cree que la comisión ejecutiva de Mercalicante consintió el fraude

En la última sesión del juicio por el desfalco de los seis millones de euros registrado en el mercado mayorista a principios de la pasada década, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha acusado a los entonces cinco integrantes de este órgano de avalar la facturación «ilegal» de casi cinco millones de euros en sobrecostes por obras dentro del plan de expansión del mercado.

Los miembros de esa comisión ejecutiva eran el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, como presidente, y dos concejales del PP, Juan Zaragoza (Sanidad y Mercados) y José María Rodríguez Galant (Hacienda), así como dos consejeros propuestos por la firma estatal Mercasa, que compartía a casi partes iguales la propiedad de Mercalicante: Gonzalo Simón y Segundo Bermejo, este último ya fallecido.

Todos ellos estuvieron imputados en la causa en la fase de instrucción, pero fueron exculpados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), en el caso de Díaz Alperi por su condición de aforado como diputado autonómico, y la Audiencia de Alicante.

La sección primera de esta última institución falló que no actuaron «con dolo» porque desconocían los supuestos tejemanejes de Clavero y a lo sumo podrían haber incurrido en una culpa «in vigilando», esto es, una falta de control del principal encausado.

Finalmente, en el banquillo de los acusados del juicio, que se inició hace una semana, se conformó con siete de los nueve acusados en el procedimiento, ya que Clavero y otro sospechoso están en paradero desconocido y han sido declarados rebeldes.

El fiscal solo acusaba a tres de estos últimos procesados, y las acusaciones particulares, que ejercen la propia Mercalicante y el Ayuntamiento, a ocho.

El fiscal Briones ha mantenido hoy su acusación de un delito societario por el que reclama un año de prisión y una multa para el entonces jefe de Contabilidad y Administración, Miguel Ángel Ramo -a quien en cambio no culpan las otras dos acusaciones-.

Según el ministerio público, Ramo habría firmado el pago de un recibo de casi 300.000 euros a la empresa Tenos en mayo de 2002, que en realidad no habría sido abonado, todo ello con la finalidad de «burlar una contabilidad fidedigna» que debía ser examinada por un auditor.

En cambio, el fiscal ha modificado sus conclusiones por vía de informe y ha solicitado la absolución de un informático de Tenos que también firmó el citado documento, Ángel Moreno, y la de la exmujer de Clavero, Cristina Vicente, en su caso porque no incurrió en un delito de alzamiento de bienes, como inicialmente sostenía, al realizar en 2002 la separación de bienes del matrimonio.

El grueso del informe de Anticorrupción, que Briones ha desglosado durante más de una hora, se ha centrado en explicar su tesis de que los miembros de la comisión ejecutiva de Mecalicante también deberían haber sido juzgados, y no comparecer como testigos, por su responsabilidad en el agujero contable.

«A la empresa le interesaba cargar toda la responsabilidad que tenía, todo, al señor gerente», ha afirmado Briones, quien ha justificado su decisión de no presentar cargos contra seis de los siete acusados que han sido localizados para el juicio con la expresión «No acusando a generales, no se puede acusar a soldados por la misma responsabilidad».

Según el fiscal, la comisión ejecutiva conoció y consintió las inversiones ruinosas que casi llevan a la quiebra a la empresa de capital público.

Además, sostiene también la acusación pública, avaló el pago de sobrecostes sin la obligada modificación de presupuestos ya cerrados, aprobó contrataciones sin las preceptivas licitaciones públicas y pagó un máster en Bolsa a Clavero tras el cual éste invirtió dinero de Mercalicante en valores de renta variable.