1.700 firmas piden el indulto de la mujer que quemó al violador de su hija

Las representantes de la Plataforma han formalizado por escrito su petición dirigida al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para evitar que la afectada cumpla la pena de cinco años de prisión por el delito de asesinato y de seis meses de prisión por el delito de lesiones por sus «circunstancias personales».

A las 11.30 de esta mañana, unas veinte personas en representación de la Plataforma y el resto de colectivos ha registrado una petición que llega respaldada por más de 1.700 firmas, y 21 colectivos de la provincia. El subdelegado del Gobierno en Alicante, Alberto Martínez, ha recibido a los representantes del colectivo, y se ha comprometido a respaldar la petición.

Esta será la segunda petición de indulto que recibe el Gobierno, tras una primera que fue denegada el pasado mes de abril y que obligará a la condenada a ingresar en prisión el próximo 27 de junio. En este sentido, la petición estima inconstitucional la denegación en resolución del Consejo de Ministros de 19 de abril de 2013 de la petición de indulto solicitada por la hija y el marido de la condenada, a pesar de constar informes favorables al mismo por parte del Ministerio Fiscal y de la Audiencia Provincial de Alicante.

«Conociendo otros casos en los que el indulto ha sido favorable, considero que el Gobierno, en este caso, ha incurrido en arbitrariedad y el artículo 9.3 de la Constitución española establece que ésta garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos», recoge el escrito. Al respecto, según subraya la Plataforma Feminista, «aunque la ley no ordena de forma expresa la motivación de la concesión o denegación del indulto, la única forma de controlar las decisiones de los poderes públicos para evitar que incurran en arbitrariedad, y generar confianza y trasnparencia democrática es que expliquen la razón de sus decisiones».

Asimismo, reclama la medida de gracia en base a «una justicia humanitaria», dado que la condenada sufre desde la violación de su hija Verónica, que en 1998 tenía 13 años, un transtorno adaptativo mixto con síntomas ansioso-depresivos que consideran que, «sin duda, serán agravados si vuelve a ingresar en prisión, en la que ya estuvo un año como consecuencia de los hechos por los que ha sido condenada». «Teniendo en cuenta que las penas privativas de libertad, tal y como preceptúa el artículo 25.2 de nuestra Constitución, han de estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social, en este caso, su cumplimiento sólo se podría entender como un castigo meramente ejemplarizante, lejos de su sentido constitucional», concluye el escrito.

La condenada presentó el pasado mes de mayo un recurso ante el Tribunal Supremo contra la negativa del Gobierno a concederle la medida de gracia, y había solicitado a la Audiencia Provincial de Alicante que suspendiera la ejecución de la sentencia hasta que se resolviera el recurso, pero la Audiencia ordenó su encarcelamiento al entender que se debe cumplir la ley. Ahora, esta nueva petición de indulto abre otro escenario dado que, según ha explicado abogado de la condenada, Joaquín Galant, el artículo 4.4 del Código Penal confiere al juez o tribunal sentenciador la facultad de suspender la pena durante la tramitación del indulto.

Las agrupaciones, entidades y asociaciones que han firmado la solicitud de indulto en Alicante son, entre otras, la Plataforma Feminista de Alicante; Aula de Debate Feminista de Alicante; Custodia en Positivo; Plataforma de Iniciativas Ciudadanas; Diversitat de les Comarques de Alacant; Itaca; Agrupación de Abogadas del Colegio Profesional de Abogad@s de Alicante; Asociación Vecinal Franciscanos-Oliveretes, U.I. L'Alacantí-Les Marines de CC.OO.; U.I. Vinalopó-Vega Baja de CC.OO.; UGT L'Alacantí; Intersindical Valenciana; Compromís; Esquerra Unida; PSOE; Área de Dona Jove del Consell de la Joventut d'Alacant y Dones Violetes.