Una treintena de expresidentes denuncian a Maduro por «terrorismo de Estado» mientras Zapatero calla

Por la violación de derechos humanos, la Corte Penal Internacional (CPI) investiga al Gobierno venezolano, y ayer Pastrana presentó ante la Fiscalía de esa entidad un informe para denunciar la «política indiscriminada de represión y violación sistemática y generalizada de los derechos fundamentales los venezolanos».

El documento está firmado por más de treinta expresidentes, miembros del grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), entre quienes se encuentran Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. José Luis Rodríguez Zapatero, cuya cercanía con el régimen chavista es notoria, es el único expresidente español ausente en la denuncia, pues no forma parte del grupo IDEA.

«La importancia de este hecho –destaca el expresidente es que nunca una treintena exjefes de Estado habían hecho una denuncia conjunta por delitos de lesa humanidad». De igual forma, Pastrana asegura que la denuncia es también un llamado a todos los militares, que son directamente responsables de estos crímenes y que no podrán excusarse en haber recibido órdenes de superiores.

Además de los tres expresidentes españoles, el texto está firmado por otras personalidades como el argentino Mauricio Macri, los colombianos Iván Duque y Álvaro Uribe, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, el ecuatoriano Lenín Moreno, el costarricense Óscar Arias o el chileno Eduardo Frei.

El exmandatario colombiano, junto con ell exembajador venezolano Víctor Rodríguez Cedeño, fue recibido por altos funcionarios de la CPI –no por el fiscal Karim Khan–, con quienes discutieron la crisis que se vive en el país caribeño. «La respuesta no será inmediata, [los funcionarios] simplemente tomaron nota de todo», señala Rodríguez a ABC. Asimismo, el diplomático destacó el hecho de que numerosos políticos regionales de gran relevancia hayan dejado constancia ante la CPI de que existe una gran preocupación por lo que ocurre en Venezuela, y que la violencia que está allí desatada no sólo amerita sanciones, sino prevención por parte de las autoridades internacionales, para que no se siga cometiendo.

Andrés Pastrana asegura que esta es apenas la primera etapa para lograr que la CPI emita una orden de captura contra la cadena de mando responsable de los delitos. «Venezuela es dirigida por un Gobierno represor –asegura Pastrana–. Y tanto Maduro como Diosdado Cabello dirigen las acciones que son consideradas como terrorismo de Estado y calificadas como tal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso solicitamos al fiscal Khan su urgente intervención, para que los máximos responsables de estos delitos sean objeto de las medidas del caso por parte de la CPI».

En el documento entregado a la Fiscalía, los firmantes sostienen que, ante la ausencia de medidas efectivas contra «el represivo régimen militar venezolano para frenar su práctica de terrorismo de Estado y dada la extensión de la impunidad» han decidido recurrir ante la CPI «como única instancia adecuada en estos momentos de angustia para los venezolanos, víctimas en su conjunto de una violencia creciente, y desbordada». Asimismo, recalcan que la Corte tiene, «además de su función sancionadora, propia de todo tribunal penal, una función preventiva que, de ejercerse, puede -o debe- frenar esta ola de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, típicos crímenes de lesa humanidad con sus desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual contra las víctimas».

En ese sentido, Pastrana pidió protección para los líderes de oposición María Corina Machado y Edmundo González, quienes son perseguidos por el régimen chavista. «Lo que ocurre en Venezuela es un golpe de Estado, no fraude, y el mundo tiene que entenderlo», advierte el expresidente. «Edmundo González es el presidente electo, y el 10 de enero tomará posesión como jefe de Estado».

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que teóricamente debe someterse a la soberanía del tribunal con sede en La Haya. El Gobierno de Maduro, sin embargo, ha cuestionado durante estos últimos años las pesquisas abiertas, alegando entre otras cosas que no ha habido abusos generalizados y que hay procedimientos de rendición de cuentas ya en marcha en el país sudamericano.