La violencia como lastre económico para los países americanos

Hay un interés de Nayib Bukele en El Salvador en contabilizar el progreso económico que puede darse en su país, a raíz de su mano dura contras las maras, con la drástica reducción de la tasa de homicidios (hoy la más baja de toda América tras Canadá). Y es cierto que está habiendo un flujo inversor, notoriamente de salvadoreños en la diáspora, así como un innegable surgimiento turístico: en 2023 El Salvador recibió 3,4 millones de visitantes, lo que incrementó el ingreso de divisas hasta el 11% del PIB, seis puntos porcentuales más que en 2019; entre ambos años el turismo subió un 40%, siendo el cuarto destino del mundo con mayor crecimiento.

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No hay duda del beneficio económico y social que está suponiendo la importante reducción de la extorsión y la violencia en El Salvador (aunque tiene su contraparte en el deterioro institucional y jurídico), como tampoco en el perjuicio que supone el aumento del crimen organizado en Ecuador, el país americano donde más ha aumentado el crimen en los últimos dos años.

No resulta fácil, en embargo, evaluar con detalle el sobrecoste que acarrea un elevado nivel de delincuencia o bien el surplus que conlleva su reducción. Hacerlo a futuro es aún más complicado, pues existen muchas contingencias que deberían ser tenidas en cuenta, desde la evolución del número de habitantes al contexto económico internacional.

No obstante, el Fondo Monetario Internacional ha hecho algunos números. En un reciente informe, este organismo estima que un aumento del 30% en las tasas de homicidio reduciría el crecimiento económico en 0,14 puntos porcentuales. El FMI considera que la delincuencia obstaculiza la acumulación de capital, al disuadir la aportación de inversores, pues temen el robo y la violencia, y reduce la productividad, ya que probablemente desvía recursos hacia inversiones menos productivas, como el pago de seguridad privada.

Por otro lado, como indica el mismo estudio, reducir el nivel de criminalidad en América Latina acercándolo al promedio mundial aumentaría el crecimiento económico anual de la región en 0,5 puntos porcentuales, aproximadamente un tercio del crecimiento latinoamericano entre 2017 y 2019. Allí donde la violencia es mayor, esa reducción llevaría a un crecimiento extra de 0,8 puntos porcentuales. La media mundial es de 5 homicidios por 100.000 habitantes; solo tres de los 33 países de los estados latinoamericanos están por debajo, mientras el récord lo tiene Jamaica con 53,3 homicidios).

No hay solo efectos sobre el auge económico de un país, sino también sobre el gasto público que los estados realizan en materia de seguridad. Según el FMI, un aumento del 1% en las tasas de homicidios obliga a los gobiernos a aumentar el gasto público un 0,2% del PIB. En los países con mayor inseguridad ciudadana el coste de las partidas destinadas a combatirla puede alcanzar el 3,5% del PIB. Entre 2016 y 2019 esa última cifra fue la gastada por Jamaica, y cerca del 3% fue la de El Salvador.