La verdad (y la justicia) para los estudiantes de Iguala vuelve a tropezar con el Ejército mexicano

Ocho años después del suceso se sigue investigando para esclarecer los hechos y encontrar los cuerpos (la última versión oficial los da ya por muertos, aunque no sus familias). Con menos incógnitas que hace un lustro, quedan todavía muchas sombras sobre un caso que horrorizó a México.

Entre las certezas están que los estudiantes desaparecidos formaban parte de un grupo más numeroso que había secuestrado cinco autobuses –uno de los cuales habría estado cargado de droga sin ellos saberlo (existía una ruta de tráfico de drogas con estos vehículos que estaba siendo monitorizada por EE.UU)– para viajar a Ciudad de México, donde tenían previsto participar, el 2 de octubre, en la conmemoración anual de la Masacre de Tlatelolco.

Y entre las incógnitas por despejar: el paradero de los jóvenes y señalar –y condenar– a todos los que participaron de una forma u otra en lo que el informe de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 18 de agosto, ha calificado como «crimen de Estado».

El suceso, conocido como el caso Ayotzinapa, fue tan dramático (y macabro) e implicaba a tantos actores –narcos, policías y autoridades locales y federales, militares...– que recibió la atención internacional. De ahí que el Gobierno de entonces, liderado por Enrique Peña Nieto, se apresurase a cerrar la investigación ofreciendo su versión de los hechos y que bautizó como la 'Verdad histórica', construida sobre pruebas fabricadas, declaraciones arrancadas con torturas (muchos de los detenidos fueron posteriormente liberados por esta práctica), encubrimientos y señalamientos que dejaban limpio de toda culpa al Ejército. La versión defendida desde el Gobierno era que los jóvenes habían sido secuestrados, con la ayuda de la policía local, por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y posteriormente hechos desaparecer (incinerados, siendo los restos desperdigados en varios puntos).

El caso Ayotzinapa era –y es– la punta del iceberg de la realidad de un país que tiene en su haber más de 100.000 desaparecidos y en el que se contabilizan más de 35.000 asesinatos al año, la mayoría de los cuales no se resuelven pues los niveles de impunidad alcanzan el 98% de los delitos. «A no ser que haya algún tipo de presión internacional para la investigación. Ese ha sido el caso de Ayotzinapa», afirma Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch en México, que ha visto como el caso ha dado un giro. «Parecía que existía un compromiso por esclarecer el caso Ayotzinapa, pero creo que durante las últimas semanas todo eso se ha derrumbado, las esperanzas. Y ha quedado claro que dentro de las autoridades ha continuado ese esfuerzo por obstaculizar la investigación, y quizá usarla para fines políticos. Y mucho de esto salió a la luz con la renuncia del fiscal especial y por el IV informe del Grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI)», matiza.

Después del cierre en falso de la investigación en 2016, para López Obrador el caso Ayotzinapa se convirtió en una de sus máximas prioridades. Como presidente ya electo, en el cuarto aniversario de la desaparición, se reunió y se comprometió con los familiares: «Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables». Y el mismo día de su toma de posesión anunció la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) «para castigar los abusos de autoridad». Un organismo que está bien, en opinión de Mattiace, «pero que al estar liderado por el Gobierno no puede hacer una investigación independiente. Tampoco tiene la capacidad para litigar casos», señala.

Han pasado ocho años del suceso y casi cuatro de la llegada al poder de AMLO y la verdad sobre lo que sucedió aquella noche y la aplicación de la justicia sobre todos los perpetradores está todavía lejos de producirse. Si bien ha habido progresos, la piedra de toque para un completo esclarecimiento e imputación de responsabilidades vuelve a ser la misma. El abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en declaraciones a la revista 'Proceso' admitía que «las investigaciones pudieron avanzar hasta que en el centro quedó el Ejército mexicano como uno de los principales responsables en la desaparición de los normalistas».

«La principal autoridad que ha boicoteado el caso es la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena)», corrobora en declaraciones a ABC la periodista Anabel Hernández, autora del libro 'La verdadera noche de Iguala' (2016), donde vierte la investigación sobre el caso, apuntando a la participación «activa de los militares en el monitoreo de los estudiantes, primero; y luego en el ataque y la desaparición», señala la investigadora que tuvo acceso a testimonios de testigos, del grupo criminal Guerreros Unidos, fotos y vídeos «que me ayudaron a reconstruir los hechos».

Hernández califica de «infamia» que el Gobierno federal, la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General (FGR) «sabían perfectamente lo que había sucedido, y lo único que han querido todos estos años es boicotear la verdad porque no quieren llevar al Ejército ni a los altos mandos de la PGR, ni al expresidente Peña Nieto a juicio». Y va más allá cuando asegura que «la investigación del caso la boicotearon durante el Gobierno de Peña Nieto, lo hacen ahora y de manera todavía más contundente en el Gobierno de López Obrador, con la complicidad del Fiscalía General de la República y el fiscal general».

La periodista de investigación reconoce que gracias a la labor de la Comisión para la Verdad y del fiscal especial Omar Gómez Trejo, que lideró hasta septiembre (dimitió el día 15) la Unidad especial de investigación y litigación del caso Ayotzinapa (Ueilca) «se había logrado llegar a puntos donde nunca antes se había logrado avanzar, detallando nombres y apellidos de los militares que formaron parte de la desaparición y el encubrimiento».

La institución castrense habría hecho descarrilar el trabajo de investigación realizado durante los últimos años por el GIEI), así como la labor de la Ueilca, creada por la Fiscalía General de la República en 2019 con el fin de «investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales» con independencia y sin injerencias.

El detonante del cambio de rumbo de la investigación tiene su origen en el informe publicado y presentado por AMLO el pasado mes de agosto por la Covaj. Tras reconocer que se trató de «un crimen de Estado» en el que participaron miembros de Guerreros Unidos, que contaron «con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado», el informe desmonta la 'verdad histórica' defendida por el Gobierno de Peña Nieto, que sería el resultado de «una acción concertada desde el aparato organizado del poder», en la que habría participado, entre otros, el procurador general de la República, en ese momento, Jesús Murillo Karam; y el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, señalado en 2016 por el GIEI como responsable de violar el proceso de investigación, así como de sembrar bolsas de plástico con restos óseos en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero; a esto se se suma la tortura de testigos.

Karam fue detenido el pasado 19 de agosto, un día después de la presentación del informe, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa; mientras que Zerón sigue en Tel Aviv, donde se ha refugiado huyendo de la justicia mexicana, y cuya extradición no ha sido aprobada todavía por Israel.

En el documento de la Comisión para la verdad también se incluyeron capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre los implicados que no habían sido compartidas con el comité de expertos, pruebas que necesitan ser «verificadas científicamente», según señala el GIEI en su cuarto informe, presentado el pasado 29 de septiembre, en el que cuestionan algunas de las acciones del Covaj, con el que hasta ahora existía una fluida colaboración. Esas capturas fueron filtradas días después a varios medios de comunicación, lo que se ha interpretado como un intento de obstaculizar la investigación.

La situación se tensó aún más con la detención de Karam, por otro fiscales ajenos al caso, «lo que genera riesgos en el proceso judicial», alertó el GIEI, que subrayó que «es facultad del titular de la Unidad especial (Gómez Trejo) tomar esas decisiones». En opinión de Mattiace, el arresto parecía responder a «motivaciones políticas» (Karam era procurador general en el Gobierno de Peña Nieto) y a la presión de la fecha: «Estaba a punto de cumplirse el octavo aniversario y había que mostrar algún avance. Además tan solo le quedan dos años de mandato a esta Administración por lo que parece que había urgencia para decir que ya estaba resuelto este tema. Querían la imagen de esa detención. Después de tener algo mediático –lamenta–, suele haber muy pocos esfuerzos por parte de la Fiscalía para enjuiciar los casos. Y el encausado suele apelar y salir libre».

Los obstáculos a la labor de la Ueilca se han ido sucediendo en las últimas semanas. A la retirada de los 13 policías que trabajan a su cargo y que podían llevar a cabo detenciones, se sumó que un agente del Ministerio Público, ajeno al caso y a la investigación, pidió el desistimiento de 21 de las 83 órdenes de detención (que incluía a 20 militares) solicitadas por indicación de la Unidad especial. Algo que se realizó «sin tener en cuenta los tiempos procesales ni el procesamiento de pruebas fundamentales», cuestiona el GIEI en su informe del 29 de septiembre.

Para Mattiace, esta actuación por parte del Ministerio Público solo se puede calificar de «obstrucción e intromisión por parte del fiscal general. Cuando se creó la Unidad especial se acordó que fuera independiente. Que formará parte de la Fiscalía General, pero esta no se iba a entrometer».

De las órdenes de aprehensión canceladas, 16 correspondían a militares, estamento que, según el último informe del grupo de expertos, mantenía vínculos con Guerreros Unidos. «Escuchas interceptadas por Chicago muestran una relación cercana con militares, con menciones específicas a personas que están en las consignaciones y otras menciones igualmente a miembros de la Marina. En todas ellas se señalan diferentes actividades, comidas conjuntas, contactos».

Para Anabel Hernández, el origen de que se hayan desestimado estas 21 órdenes está en el momento en que la Comisión para la Verdad señala que el coronel José Rodríguez Pérez (detenido el 14 de septiembre), responsable del 27 Batallón de Infantería, «no solo permite que sus hombres ataquen a los estudiantes, sino que él mismo da las órdenes para asesinar a seis de ellos (que habrían permanecido vivos varios días más que sus compañeros) y desaparecer los cuerpos. Tocar los intereses del Ejército detonó que este, con el apoyo del presidente de la República, presionara a la Fiscalía General y a Gómez Trejo para callar ante el desistimiento de las órdenes de detención. Algo que el fiscal especial no aceptó».

Sobre los militares a los que se les ha levantado la orden de detención, Hernández señala que AMLO «miente» cuando afirma que no tenían nada que ver con el caso. Según las investigaciones sí estuvieron implicados, y al menos once de ellos «son personas claves que estuvieron en el lugar de los hechos, y sus declaraciones ministeriales estuvieron plagadas de inconsistencias y mentiras». Se refiere, entre otros, también a varios miembros de Inteligencia implicados, que han evitado el arresto. Así como el responsable de las cámaras de seguridad de Iguala, «que vio con sus propios ojos la masacre y en lugar de denunciar borró los vídeos».

¿Se conocerá toda la verdad sobre lo ocurrido? «Estoy convencida de que sí, pero el tema es si esa verdad se convertirá en justicia. La verdad se va a saber es incontenible, porque hay muchísimos testigos, aunque tienen miedo de hablar. El punto es romper la 'omertà'. Y yo tengo mis dudas de que esa verdad se va a poder judicializar precisamente por lo que ha sucedido ahora. Sabemos hoy, gracias a los mensajes e información precisa, que el Ejército participó, pero aún así retiran órdenes de aprehensión. ¿Sabremos la verdad pero estas personas no irán a la cárcel? Sería una tragedia».

La cancelación de las órdenes de detención contra militares, que provocó la dimisión del fiscal especial de la Unidad especial, ha coincidido con el escándalo del hackeo a la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena), que ha dejado al descubierto cuatro millones de documentos, que muestran que el Ejército no está supeditado al poder ejecutivo, sino que tiene un autogobierno», sostiene Hernández. «La protección de AMLO al Ejército es parte de esa hegemonía y de ese Estado militarista que se está instaurando en México ante los ciudadanos y el mundo».

Entre esos documentos han trascendido algunos relacionados con el caso Ayotzinapa y el Ejército mexicano. Según recogió la revista 'Proceso', en 2015 se organizó una visita al 27 Batallón de Infantería de Iguala, donde habrían sido retenidos algunos de los estudiantes desaparecidos, para demostrar a los familiares la disposición de los militares a cooperar en las investigaciones. Según un documento fechado en enero de 2015, un asesor de la Sedena recomendó a su titular, Salvador Cienfuegos, inhabilitar áreas de arrestos y negarse a remover losas de cemento.

Los últimos sucesos han puesto en el ojo del huracán a la institución castrense, a la que que AMLO se ha apresurado a defender, llegando a afirmar que con la detención de los militares «se pretendía provocar una rebelión dentro del Ejército».

Para el investigador de HRW resulta «muy revelador» la desestimación de órdenes de detención contra militares. «Se ha producido justo en el momento en el que se habla de la profundización y expansión de los militares, y no solo en la seguridad pública», afirma en referencia a la aprobación la semana pasada por parte del Senado de la militarización de la seguridad pública hasta el año 2028. «Creo que otro dato importante es lo que hemos descubierto en las últimas semanas sobre la capacidad de las FF.AA. para espiar a muchas personas, incluyendo a políticos. Existen evidencias», explica sobre la utilización del programa Pegasus por parte de esta institución.

«Una parte del pacto para aprobar la extensión de la militarización tenía que ver con un congresista del PRI que fue acusado de delitos tras ser espiado su teléfono. Este congresista –continúa– decidió votar a favor de la prórroga, y a continuación desaparecieron todas las acusaciones». Y se pregunta si detrás de muchas de las decisiones que está tomando el Gobierno «existe presión por parte de los militares, que están espiando a los políticos».