Venezuela suspende la oficina de DD.HH. de la ONU en Caracas y da 72 horas a su personal para abandonar el país

«Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país», dijo Gil, quien indicó que la decisión se mantendrá «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas», argumenta la cancillería en un comunicado colgado en la red social X.

En el comunicado, la Cancillería acusa además a la oficina de mantener «una postura claramente sesgada y parcializada» y de «generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados» contra la soberanía del país, así como contra su Constitución. E insiste en que las instituciones venezolanas han priorizado «la vía del diálogo», intentando «reconducir el accionar de la oficina» hacia «el respeto a la verdad», si bien ésta ha preferido exacerbar «los ataques contra Venezuela».

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El chavismo imputa a Rocío San Miguel por traición a la patria y terrorismo

Ludmila Vinogradoff

El fiscal general, Tarek William Saab, arremetió contra las oenegés y activistas que denunciaron la desaparición y los tildó de mitómanos

La decisión del gobierno venezolano coincide con las denuncias del organismo por la desaparición primero, y posterior confirmación de la detención, de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, que ha sido acusada por el régimen de traición a la patria y terrorismo, por su supuesta complicidad en un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Una acusación que se está multiplicando desde hace semanas contra activistas y periodistas, entre ellas, Tamara Suju, directora del Instituto Casla.

Tras la desaparición de San Miguel, la ONU colgó el día 13 de febrero un tuit en la red social X en el que afirmaba que seguía «con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal».

Un día después de la denuncia de desaparición forzada (cuando alguien es detenido pero se desconoce su paradero), respondió el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, cuestionando la acusación.

«Tergiversan el tema de la desaparición, hubo una orden de captura basada en una investigación penal ampliamente difundida en enero. Según Naciones Unidas, se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas que actúan con la aquiescencia del Estado. Eso nunca pasó aquí y se dijo que estaba detenida», afirmó el titular del Ministerio Público.

Después de trascender que San Miguel se encontraba en el centro de detenciones del Sebin, conocida como el Helicoide, escenario de muchas de las torturas que han sufrido los disidentes y que han sido ampliamente documentadas, la ONU volvió a colgar otro tuit este jueves en el que señalaba que «tras las declaraciones de las autoridades, tomamos nota que el lugar de detención de Rocío San Miguel - y por ende su paradero - ha sido confirmado y 4 familiares han sido puestos en libertad condicional. Deben respetarse las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa».

Ha sido poco después de esta declaración cuando ha trascendido la noticia del cierre de la oficina de DD.HH. de la ONU en Caracas y de la expulsión de su personal.

Entre las reacciones por el anuncio de Gil se encuentra la del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ha mostrado su satisfacción por la decisión de expulsar a los funcionarios del Alto Comisionado para la ONU. «Queremos felicitar por haber expulsado a los felones, metiches de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)», expresó durante la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional este jueves.

Algunas ONG, como Human Rights Watch (HRW), han rechazado la suspensión de las actividades de la oficina de DD.HH. de la ONU en Caracas pues «su presencia en el país es fundamental. Los gobiernos de la región deben exigir su permanencia y apoyar la renovación de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU ante esta nueva ola represiva», ha escrito en su cuenta de X Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.

Una de las reacciones más esperadas, y que al cierre de esta nota no se había producido, es la del presidente colombiana, Gustavo Petro, muy cercano a Maduro, que horas antes del anuncio de Gil hacia una crítica contundente contra todos aquellos «que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países», que según el mandatario colombiano, «no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario sino porque desencadenan dictaduras y genocidios. Son los Videla, Netanyahu y Pinochets de hoy son los aprendices de Hitler».