Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro: «No vamos a descansar hasta ver una Nicaragua justa y libre»

En el caso de Chamorro, «escribir una frase en un chat» ejerciendo su derecho de opinar le valió una condena de 13 años de cárcel, los mismos a los que fue sentenciado Maradiaga. Ambos fueron acusados de conspiración contra la soberanía de Nicaragua. Una ley hecha a la medida del régimen para quitarse del camino electoral a sus oponentes.

Durante el encuentro estuvieron acompañados por sus esposas, Berta Valle y Victoria Cárdenas, que durante estos meses de cautiverio llevaron a cabo una incansable campaña a nivel internacional para lograr su liberación. Durante hora y media, Maradiaga y Chamorro fueron desgranando cómo fue su detención, su juicio –una «farsa» que se celebró en la misma cárcel del Chipote, y no en un tribunal de Justicia– y su traslado y expulsión del país. «Nos montaron en autobuses y pensamos que nos iban a cambiar de prisión, hasta que vimos que llegábamos al aeropuerto internacional», relató Chamorro. «Ahí nos dimos cuenta que nos sacaban del país». De su destino se enteraron cuando les dieron un papel que debían firmar para dar consentimiento para abandonar Nicaragua.

Horas después aterrizaban en el aeropuerto de Dulles, cerca de Washington. El Gobierno de Biden confirmó el jueves que la deportación de los presos fue una decisión «unilateral» del Gobierno Ortega, pero les dio la bienvenida, además de otorgarles asistencia médica y la posibilidad de permanecer en EE.UU. durante dos años. Las escenas emotivas se sucedieron en el aeródromo entre familiares y los más de 200 deportados: «Hubo lágrimas», reconocen.

Maradiaga no podía ocultar su satisfacción. Confesaba sentirse lleno de «felicidad» y «gratitud hacia todos los que han luchado por los derechos humanos. Mi corazón no puede expresarlo. No tengo palabras». Chamorro, también agradecido por todo el apoyo, recordó a los 44 presos políticos que todavía permanecen en Nicaragua, dedicándole una mención especial a monseñor Rolando Álvarez, «quien ha sido una inspiración para todo el país», y que no ha querido abandonar Nicaragua por lo que ha sido castigado por el régimen. La Iglesia Católica ha sido uno de los estamentos más perseguidos por la represión de Ortega desde las protestas sociales de 2018, en las que murieron casi 400 personas, que ha llevado a varios sacerdotes a ser detenidos. También forzó la salida de monseñor Silvio Báez en 2019.

Berta y Victoria no dejan de mirar a sus esposos durante la rueda de prensa: «No puedo creer que mi marido esté a mi lado otra vez», confiesa Cárdenas, que lleva la cuenta exacta del cautiverio de su marido: «Un año, ocho meses y un día». Por su parte, la mujer de Maradiaga asiente a cada intervención de su esposo y se apoya en su hombro. Sabe por lo que ha pasado, tanto que el propio Maradiaga confiesa no sentirse «preparado» para contarlo. «Ni las mascotas podrían estar en un sitio tan oscuro como en el que hemos estado. Ninguna persona debe sufrir esas condiciones. Vivíamos en aislamiento extremo», accede a compartir. «Pero había una luz, la que da la fe y otra, la de la esperanza, saber que no estábamos solos», matiza.

Han pasado pocas horas de libertad y las preguntas de los periodistas se agolpan en el chat. La más recurrente se refiere a la retirada de la nacionalidad por parte de Ortega, que ha sentenciado a una muerte civil a los deportados: «No tiene ningún sentido. Somos nicaragüenses cada una de las personas que hemos pasado por este secuestro», subrayó Maradiaga, quien acusó al régimen sandinista de ser «medieval» por recuperar castigos que se aplicaban «en tiempos del Imperio romano, cuando alguien lo amenazaba. Era la alternativa a la pena de muerte. Después la práctica se mantuvo en algunas épocas cuando los dictadores no podían lidiar con la oposición, y el coste de asesinarlos era demasiado», argumentó. La deportación es un castigo del pasado, no contemplado por el derecho internacional: «Era algo que había sido borrado y que Ortega ha vuelto a meter en la legislación».

Sobre el ofrecimiento del Gobierno español de darles la nacionalidad mostraron su agradecimiento: «El Gobierno de España ha sido siempre un gran aliado en su compromiso por la justicia, por la democracia, le agradecemos las gestiones», señaló Chamorro. «España asumió el tema no solo de los presos políticos, sino también de la democratización de Nicaragua hace años. Es un ofrecimiento generoso que nos llena de esperanza. A nivel particular estamos informándonos, pero estamos seguros que muchos de los 222 serán favorables, hay varios que tienen familia en España. Me alegro de esta iniciativa que muestra la importancia del concierto internacional trabajando por los derechos políticos». Chamorro también mostró su agradecimiento al Gobierno de Biden, «por hacer posible este viaje inédito en la historia de Nicaragua, y probablemente en Latinoamérica. Creo que esto ha sucedido realmente por el trabajo conjunto».

Preguntados sobre qué razones han llevado a Daniel Ortega a ordenar su deportación, creen que su intención es «dispersar y debilitar a la oposición por el mundo, como hace Cuba». Pero si bien ahora dedicarán un tiempo a sus familias, a las que han tenido privadas de su compañía por su carrera «activista» en defensa de la institucionalidad y los derechos en Nicaragua, el cautiverio y el destierro no ha minado su voluntad de luchar por su país.

«Tenemos un compromiso con la libertad y la justicia. En cuanto a la ruta profesional, creo que es demasiado pronto, pero no vamos a descansar hasta que veamos una Nicaragua que tenga justicia y libertad, y que logren la libertad los otros hermanos que permanecen secuestrados», subrayó Maradiaga. «Precisamente porque hemos sido víctimas de la injusticia de un sistema, no cometimos ningún delito, ver esa farsa de sistema judicial, del sistema político, nos compromete aún más a luchar para que haya un cambio hacia la institucionalidad, un respeto a la libertad y el derecho a las libertades públicas», señaló Chamorro, que admitió que la cárcel le había cambiado.

«El sufrir en carne propia el castigo de una institucionalidad completamente amañada refuerza la lucha por los derechos. Se pensaba que el tema de los presos políticos era algo de pasado, pero no ha sido así. Hay todavía 44. Hay que hacer un cambio para que esto no le vuelva a pasar a ningún nicaragüense», señaló, para denunciar a continuación que «durante 200 años no ha habido una sola generación en Nicaragua que no haya tenido presos políticos, y eso tiene que cambiar», sentenció