La Universidad de Oxford denuncia el encarcelamiento de inmigrantes que querían pedir asilo en el Reino Unido

Tras el estudio de una gran cantidad de documentación como audiencias judiciales y entrevistas con abogados, una de las cuestiones más polémicas es que, según el informe, se ha acusado como adultos a menores cuya edad está en disputa. Aunque la mayoría de estos casos no son de dominio público, es conocido el del joven senegalés Ibrahima Bah, que la semana pasada fue condenado a nueve años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de homicidio por la muerte de cuatro personas que iban en una balsa que él dirigía en diciembre de 2022.

El joven, que según el juez tiene unos 20 años pero cuya edad exacta no se sabe y varias organizaciones defienden que es un adolescente, cumplirá dos tercios de su condena en una institución para jóvenes delincuentes hasta que se determine que ha alcanzado la edad de 21 años, momento en el que será trasladado a una cárcel de adultos. Este caso es el primero en que un migrante que conducía una embarcación hinchable es considerado culpable de causar daño a otros ocupantes, aunque él se defendió diciendo que fue forzado por los traficantes bajo amenazas de muerte. Al sentenciarlo, el juez Justice Johnson le dijo: «Lo sucedido es una tragedia absoluta para aquellos que murieron y sus familias» y «también es una tragedia para ti; tu sueño de comenzar una nueva vida en el Reino Unido está hecho pedazos».

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La organización Humans for Rights Network denunció que ha detectado 15 casos controvertidos debido a la edad de los menores, quienes fueron erróneamente considerados adultos en las evaluaciones realizadas por el Ministerio del Interior. La organización asegura que 14 de ellos fueran encarcelados en instalaciones destinadas a adultos.

En el informe de la Universidad de Oxford, en el que colaboraron, además de esta organización, otras como Network, Captain Support UK y Refugee Legal Support, se destaca que las detenciones no han funcionado como una forma de disuadir a quienes deciden hacerse a la mar en la peligrosa travesía del Canal, y se pide el fin de lo que consideran una criminalización de esa frontera. Según sus datos, entre junio de 2022 y octubre de 2023, 253 personas fueron condenadas bajo la sección 24 de la Ley de Inmigración de 1971 por entrada ilegal al país. Hace tres años, una serie de apelaciones exitosas revocaron condenas bajo esta sección de la ley.

«Esta investigación evidencia la criminalización y encarcelamiento de personas por cruzar el Canal en pequeñas embarcaciones», apuntó Victoria Taylor, autora principal del estudio, quien añadió que «plantea preguntas sobre la compatibilidad» de la estrategia del gobierno conservador «con la Convención sobre los Refugiados, así como el tratamiento legal de víctimas de trata, tortura y niños con disputas de edad en curso».

Desde el Ministerio del Interior argumentaron que «el lenguaje utilizado en este informe es engañoso» y puntualizaron que «la mayoría de los solicitantes de asilo que llegan al Reino Unido en botes pequeños son detenidos inicialmente durante 24 horas o menos». Además, reiteraron el mensaje que el Gobierno repite hasta la saciedad, y es que «los solicitantes de asilo deberían buscar protección en el primer país donde sea razonable hacerlo». Además, dijeron, «continuamos tomando medidas enérgicas para combatir a las bandas criminales y disuadir a los migrantes de realizar viajes peligrosos, ilegales e innecesarios a través del Canal».