México, las últimas caravanas de emigrantes antes de la era Trump

Trump ha prometido deportaciones masivas y amenaza incluso con el cierre total de la frontera. «Al nuevo presidente le pedimos que nos deje pasar antes de que cierre todo. Nos arruina nuestros sueños y el futuro de nuestros hijos, queremos que estén bien, ya que en nuestro país no pudimos», contaba esta semana a la agencia EFE Anilka, una venezolana que se fue de su país tras el resultado de las últimas elecciones.

Las caravanas están expuestas no solo al cansancio y la marginalidad, sino también al crimen organizado, que ha montado una nueva fuente de ingresos en el secuestro y tráfico de personas hacia el norte. A esa amenaza se suma también la intención del Gobierno mexicano de detener las caravanas antes de que lleguen a la frontera y alimenten los discursos más extremos del próximo inquilino de la Casa Blanca.

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Se trata de una determinación que ya se había materializado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lleva ya cien días en el poder. Básicamente, el Gobierno mexicano tiene que frenar los flujos de personas hacia la frontera con EE.UU. para evitar que Trump imponga aranceles a las importaciones de productos y servicios procedentes de este país. El presidente electo amenaza con imponer tasas del 25% a todo lo que cruce la frontera.

«Si se cumpliera ese escenario, las exportaciones tendrían una inestabilidad que la economía de México, con sus primeras señales de recesión, no se puede permitir», explica a ABC un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ignacio Martínez.

Ante este panorama, el Gobierno mexicano detiene a los migrantes y los traslada, generalmente por tierra, nuevamente hacia Chiapas, en el sur del país. Se trata de la frontera con Guatemala, un territorio sumamente poroso. Desde el pasado agosto, según datos oficiales, entraron en el país de forma irregular 950.000 personas.

Luis Villagrán, activista de los derechos humanos, entiende que las posibilidades que tienen los migrantes en México son muy precarias, tanto en materia laboral como en cuanto a sus oportunidades de insertarse socialmente. «No es por gusto, caminar hacia EE.UU., es algo muy duro, pero lamentablemente, en la situación actual, quedarse en México no es opción y no queda otra que seguir avanzando», señala.

El año pasado, el número de llegadas a la frontera estadounidense se redujo debido a las acciones del Gobierno mexicano. Según los datos de las autoridades de EE.UU., los arrestos por cruzar ilegalmente la frontera desde México se situaron en septiembre en su punto más bajo de los últimos cuatro años. Dicha disminución también está relacionada con la bajada en los cruces por el Darién, la selva que separa Colombia de Panamá.

Según el Servicio Nacional de Migración panameño, durante 2024 han cruzado casi 300.000 migrantes, un 39% menos que en el mismo período de 2023.

Los migrantes buscan llegar a la frontera e iniciar el trámite que les permita obtener visados humanitarios. Cada día se activan entre 1.500 y 2.000 solicitudes. La respuesta a la solicitud se conoce tras nueve meses, que el migrante debe pasar en territorio mexicano. Desde enero de 2023, aproximadamente un millón de personas han comenzado una nueva vida en EE.UU. gracias a este mecanismo.

La migración se ha vuelto un punto crítico en la relación entre México y Washington. El verano pasado, el Partido Republicano organizó una convención en Milwaukee en la que adoptó una plataforma de inmigración alineada con las intenciones de Trump. Además de un plan de deportaciones masivas, la plataforma incluyó promesas de terminar el muro y «detener la invasión de migrantes». Un tono aún más severo que cuando Trump se postuló por primera vez a la presidencia en el año 2016.

En los debates con Kamala Harris el presidente electo eludió las preguntas sobre si sus planes de expulsiones masivas alcanzarían a todos los inmigrantes indocumentados, incluidos los que tienen trabajo, están casados con ciudadanos estadounidenses o llevan décadas en el país. Este detalle es clave porque hoy en día es uno de los temas más inquietantes en el Gabinete de Sheinbaum: entender hasta dónde llegará Trump en su política de deportaciones.

El director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de la organización Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, dijo la semana pasada que la futura Administración estadounidense de Donald Trump podrá deportar a 150.000 personas de México y Centroamérica con estatus migratorio irregular.

Según los cálculos de Orozco, unos 65.000 de los 150.000 deportados serían mexicanos. Los más expuestos son aquellos que se encuentran indocumentados en territorio estadounidense. «Otro grupo bajo riesgo de deportación son los que están bajo un programas de ayuda humanitaria, el llamado Parole, que ha beneficiado a un millón de personas hasta ahora durante un período de dos años. Si no se han ajustado a otro tipo de estatus migratorio, como solicitar asilo, serán devueltos a sus países», explicó Orozco.

El efecto Trump, dice Javier Urbano, especialista en temas migratorios; ha provocado una histeria colectiva entre los inmigrantes que están dispuestos a recurrir a cuanto puedan para evitar ser deportados.

«Las personas que ya tienen una tarjeta verde (green card) se están apresurando a convertirse en ciudadanos. Los que ingresaron sin documentos están disparando las solicitudes de asilo porque, aun cuando es posible que les nieguen la protección, tener un caso pendiente en una corte migratoria los protegerá de la deportación. Y quienes tienen relaciones con ciudadanos estadounidenses están acelerando el matrimonio, lo que los hace elegibles para solicitar una tarjeta verde», explicó Urbano.

Lo inminente de la situación tiene efectos colaterales en los consulados mexicanos en EE.UU. Según reveló el matutino 'El Sol de México', en Los Ángeles se han triplicados los tramites matrimoniales, una de las vías que tienen los indocumentados para subsanar su estatus irregular.

De acuerdo con el último censo en EE.UU., en total hay unos 13 millones de personas que tienen residencia permanente legal y se estima que otros 11,3 millones viven en condiciones de indocumentados.

Este lunes, a una semana de que Trump despache en la Casa Blanca, la presidenta Sheinbaum reunió a su gabinete dedicado a la cuestión migratoria e instruyó acelerar medidas como la asistencia legal a los mexicanos que requieran protegerse de los planes de Trump, así como la infraestructura necesaria en el norte del país para recibir a quienes sean expulsados de EE.UU. Actualmente los refugios operados por las autoridades están prácticamente desbordados.

«Muchos dicen que estamos tomando a la ligera la llegada del presidente Trump. Nosotros siempre vamos a ser positivos en la idea de que va a haber buena relación, pero estamos trabajando en todos los aspectos. Y lo primero es mostrar qué representan las y los mexicanos en EE.UU. para el bien de México y también para el bien de ese país, de su economía; cómo contribuyen los mexicanos, lo que es fundamental porque, frente a lo que se ha hablado de las deportaciones, ¿quién va a tener los mayores problemas? EE.UU.», declaró Sheinbaum esta semana.

Según ha podido saber ABC, una de las grandes preocupaciones en el gabinete de Sheinbaum es que Trump deporte a ciudadanos mexicanos que se encuentran presos en EE.UU. y que estos, al llegar a México, se conviertan en mano de obra disponible para los cárteles de la droga.