Trump ordena designar a los antifascistas extranjeros como grupos terroristas

Cuando un presidente estadounidense incluye a una persona o grupo en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, se activa una cadena de efectos automáticos: los bienes bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados, se prohíben las transacciones y apoyos materiales, y cualquier vínculo financiero con los designados pasa a ser delito federal. Además, los implicados pueden ser detenidos, expulsados o perseguidos judicialmente, y los gobiernos que los amparen se exponen a sanciones o presiones diplomáticas. En la práctica, esta designación convierte a los señalados en enemigos formales del Estado norteamericano.

El episodio se produjo durante un acto sobre la clasificación de «antifa» como grupo terrorista doméstico. Un reportero preguntó a Trump si su administración también consideraba designar a grupos antifascistas extranjeros. El presidente, sorprendido al principio, reaccionó con espontaneidad. «¿Antifa como organización terrorista extranjera?», repitió en voz alta. «¿Te gustaría que se hiciera?», añadió antes de girarse hacia sus asesores. «Hagámoslo», ordenó. «Marco, encárgate de eso». A su lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el asesor Stephen Miller asintieron. No hubo deliberación ni consulta visible, solo frases sueltas de aprobación que bastaron para dejar la impresión de una decisión tomada sobre la marcha.

Jack Posobiec, un comentarista cercano al entorno trumpista que participaba en la mesa redonda, intervino para señalar que los grupos antifascistas «tienen raíces y fondos en Europa». Trump asintió, y Miller coincidió, reforzando la idea de que la designación podría extenderse más allá de las fronteras estadounidenses.

Según dijo Posobiec a ABC después de asesorar a Trump, considera que España es uno de los países que exportó el antifascismo a Estados Unidos. «Comenzó en realidad en España en los años 30, mataron a monjas y curas y después estalló la Guerra Civil, se extendió a Italia, Francia y otros países europeos», dijo Posobiec. Este periodista está en contacto con Vox en España y conoce a Santiago Abascal, con el que consulta sobre estos grupos en España.

La definición oficial de «antifa» para la administración Trump quedó establecida en la orden ejecutiva firmada el 22 de septiembre de 2025. El texto describe al movimiento como «una organización militarista y anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno, de las autoridades policiales y del sistema legal». Añade que «utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional», que incluye «disturbios organizados, asaltos violentos contra agentes del orden, amenazas a figuras políticas y activistas, y acciones destinadas a obstruir la aplicación de las leyes federales».

Según esa misma orden, «antifa» «recluta, entrena y radicaliza a jóvenes estadounidenses» y «coordina con otras entidades para fomentar y extender la violencia política». Por ello, el documento la designa formalmente como «una organización terrorista doméstica».

En Europa, sin embargo, el panorama es muy distinto. Existen movimientos antifascistas, pero no se trata de una red internacional ni de una organización estructurada. En la mayoría de los países son colectivos locales de activistas con raíces en tradiciones anarquistas o de izquierda radical. En Alemania, el movimiento Antifaschistische Aktion tiene larga historia y participa en contramanifestaciones frente a la extrema derecha. En Francia, Italia y Grecia operan grupos similares, y en Reino Unido suelen movilizarse para bloquear marchas de ultraderecha.

Los servicios de inteligencia europeos no los consideran organizaciones terroristas. Algunos gobiernos, como el alemán o el italiano, han advertido que ciertos grupos o individuos pueden recurrir a la violencia en enfrentamientos callejeros o actos de sabotaje, pero en general el fenómeno se aborda como un problema de orden público, no de terrorismo.

En España también existen colectivos que se identifican con el movimiento antifascista, aunque sin estructura nacional ni coordinación formal. Son grupos autónomos, ligados a entornos anarquistas, sindicalistas o de extrema izquierda, con presencia en Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. Suelen participar en manifestaciones contra la extrema derecha y en protestas sociales, y ocasionalmente se han enfrentado a la policía o a grupos ultras.

Las fuerzas de seguridad españolas los incluyen dentro del espectro de movimientos radicales o antisistema, pero no los consideran una amenaza terrorista. Los incidentes asociados a ellos se califican como desórdenes públicos o vandalismo, no como actos de terrorismo. En el contexto europeo, el antifascismo es un movimiento difuso, más ideológico que operativo, sin jerarquías ni financiación estable, y su influencia política real es limitada.

Con su orden, Trump busca situar a esos colectivos bajo el radar del poderoso aparato antiterrorista estadounidense. Esta decisión podría tensar las relaciones con varios aliados europeos y abrir un nuevo frente diplomático en nombre de la guerra contra el extremismo.