Trump no descarta el uso de la fuerza contra Maduro en plena escalada en el Caribe

Leavitt enmarcó estas palabras en la estrategia de Washington contra el narcotráfico y cargó con dureza contra Maduro: «El régimen de Maduro no es un gobierno legítimo. Es un cartel narco-terrorista. Maduro no es un presidente legítimo. Es un fugitivo, jefe de este cartel, que ha sido acusado en Estados Unidos por introducir drogas en nuestro país». La portavoz subrayó además que el deber del Gobierno federal es «proteger a los ciudadanos de esos venenos mortales».

Las declaraciones se produjeron en un momento de máxima tensión regional, después de que el Pentágono desplegara ocho buques de guerra en aguas del Caribe y el Pacífico, entre ellos destructores con capacidad de lanzar misiles de crucero, un portahelicópteros con 2.500 marines y varias naves de apoyo anfibio. Oficialmente, el despliegue forma parte de una operación antidroga reforzada, pero la magnitud de la movilización ha desatado sospechas sobre una eventual acción contra Venezuela.

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Caracas reaccionó con el anuncio del envío de 15.000 soldados a la frontera con Colombia y la movilización de milicias populares. Maduro denunció que «nadie debe tocar el territorio venezolano porque es nuestro», al tiempo que difundió imágenes de sus seguidores armados preparando supuestos planes defensivos en caso de una intervención.

El contexto añade más presión: Estados Unidos duplicó este mes la recompensa por la captura de Maduro, de 25 a 50 millones de dólares, y acusó formalmente al llamado Cártel de los Soles de ser una organización terrorista. Países como Ecuador y Argentina se sumaron a esa designación. En paralelo, Washington mantiene una política ambivalente, ya que ha renovado la licencia para que Chevron opere en Venezuela, lo que ha permitido la llegada de petróleo venezolano a puertos estadounidenses.

La Casa Blanca opta así por mantener la presión diplomática, militar y judicial sobre Maduro, mientras asegura que el presidente está dispuesto a recurrir a todas las herramientas de poder —incluida la fuerza— para frenar lo que define como un flujo masivo de drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos.

El despliegue naval en el Caribe y el Pacífico es uno de los más grandes registrados por el Comando Sur en años, y supone un mensaje directo no solo a los cárteles de la droga, sino también al gobierno de Maduro. Los destructores enviados llevan a bordo destacamentos de la Guardia Costera y agentes de la ley con órdenes de realizar interdicciones y detenciones en alta mar, lo que amplía el margen de acción de Washington en operaciones conjuntas con países vecinos.

Al mismo tiempo, la administración ha mantenido contactos con Caracas para coordinar vuelos de deportación semanales, en los que han sido repatriados casi 8.000 venezolanos desde febrero. Esta aparente contradicción —aumentar la presión militar y política mientras se mantiene cooperación operativa en migración y energía— refleja la complejidad de la relación actual.

Según datos oficiales publicados este jueves, la semana más reciente con registros de importación muestra un repunte en las compras de crudo venezolano en EE.UU.: entraron 74.000 barriles diarios, frente a cero la semana anterior. Aunque el volumen sigue siendo marginal (apenas 2% del total de importaciones y muy por debajo de Canadá o México), ilustra el efecto de la licencia otorgada a Chevron para operar en Venezuela y colocar cargamentos en refinerías del Golfo.