Trump, cercado por la Justicia: estos son los problemas legales del expresidente

Apenas unos días después de la imputación, la expectación es máxima en Miami, donde el exmandatario debe comparecer este martes ante un tribunal federal por el caso del manejo de archivos confidenciales. El magnate republicano hablará desde uno de los campos de golf de su propiedad en Nueva Jersey, tras esta primera audiencia en la que se espera que se declare inocente de cargos como «retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional» y «obstrucción a la Justicia».

En cuanto a los 37 delitos que se le imputan, 31 tienen que ver con la retención deliberada de información de Defensa, dentro de las provisiones de la Ley de Espionaje, mientras que el resto está relacionadoscon conspiración para la obstrucción a la Justicia y falso testimonio.

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Javier Ansorena

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Uno de los frentes abiertos del expresidente estadounidense concierne a uno de los capítulos más oscuros de la democracia norteamericana de los últimos años: el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Más de dos años después de lo ocurrido, el fiscal trata de determinar la existencia de pruebas de que Trump animó a los manifestantes a tomar el Congreso en una ataque que acabó con la muerte de cinco personas.

Previamente, un comité del Congreso, disuelto por la mayoría republicana que asumió en 2022 la Cámara baja, investigó el papel de Trump en el ataque y determinó que el exlíder de EE.UU. enardeció a sus partidarios antes del asalto y que «fracasó en su deber como comandante en jefe». En su informe final, el panel consideró que el multimillonario no debería poder volver a desempeñar un cargo público y recomendó que los tribunales federales abrieran un proceso penal contra él, sobre todo por llamar a la insurrección.

Acerca de este tema se ha pronunciado recientemente el multimillonario al calificar de «precioso» el día del asalto y asegurar que indultaría a muchos de los participantes si volviera a la Casa Blanca en 2024. Además, la Justicia estudia si, con sus acusaciones de fraude electoral en 2020, el magnate trató de invalidar la victoria del actual presidente, Joe Biden, en las elecciones.

También en relación con las elecciones de 2020, una fiscal de Georgia, Fani Willis, investiga desde hace dos años los intentos de Trump de «influir en las operaciones electorales» de este estado sureño, que ganó Biden por una estrecha mayoría. En una llamada telefónica, cuya grabación se ha hecho pública, el republicano pidió a un alto funcionario local, Brad Raffensperger, que «encontrara» casi 12.000 votos a su favor.

Willis nombró un gran jurado para determinar la existencia de pruebas suficientes para acusar al político y empresario y recabó testimonios de allegados de Trump, como su exabogado personal Rudy Giuliani. Finalmente, recomendaron inculpar a varias personas, sin revelar si el expresidente figura entre ellas.

El de la actriz porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, fue el caso que convirtió a Trump en el primer presidente de Estados Unidos imputado penalmente. En particular, se acusa al exmandatario de haber entregado a la intérprete de cine para adultos 130.000 dólares procedentes de la campaña electoral de 2016 para evitar que desvelara una aventura entre ambos. Si bien estos pagos no son ilegales per se, el magnate los consignó como «honorarios legales» en los libros de contabilidad de su organización, lo que derivó en 34 cargos en su contra por «falsificación de documentos contables».

El caso no explotó hasta 2018, cuando la actriz concedió una entrevista a la revista 'In touch' en la que desveló los detalles de lo sucedido. Clifford explicó que aceptó el dinero por temor a la seguridad de su familia, ya que en 2011, afirmó, había recibido un aviso previo: un hombre se le aproximó en un aparcamiento de Las Vegas para pedirle que «dejara en paz a Trump» tras pactar una entrevista.

El encargado de realizar el pago de estos 130.000 dólares habría sido el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que, al pelearse con el exdirigente de EE.UU., reveló lo ocurrido a la Fiscalía. El letrado reconoció en 2018 su culpabilidad por varios delitos, incluida la violación de las normas financieras en campaña por varios pagos, entre ellos, el realizado a Stormy Daniels. Tras la imputación formal del expresidente el mes pasado, el inicio del juicio está programado para el 25 de marzo de 2024.

No todos los escándalos judiciales que han salpicado al expresidente estadounidense se encuentran todavía pendientes de resolución. El pasado 10 de mayo, otro gran jurado federal en Nueva York condenó a Trump por abuso sexual y difamación a la escritora E. Jean Carroll. Los hechos ocurrieron en un centro comercial en la década de los 90 y la sentencia obliga al exlíder del Gobierno a pagar cinco millones de dólares en indemnización a la víctima.

Tras la resolución, el equipo de abogados del exdirigente apeló el fallo y solicitó una reducción de la multa a menos de un millón de dólares, al considerarla excesiva, o la celebración de un nuevo juicio. Por su parte, como Trump se burló de la escritora tras el fallo, Carroll ha vuelto a demandarlo por difamación y daños morales y le exige otros 10 millones.

Más allá de su labor como presidente, los tribunales investigan también aspectos de su faceta empresarial. En particular, la fiscal general del Estado de Nueva York, la demócrata Letitia James, ha presentado una demanda contra el expresidente, sus hijos y la Organziación Trump por haber manipulado «deliberadamente» el valor de los activos del grupo -que incluye clubes de golf, hoteles de lujo y otras propiedades- para obtener préstamos más ventajosos de los bancos o reducir impuestos.

Reclama 250 millones de dólares en daños y perjuicios en nombre del Estado, así como que se prohíba al expresidente y sus familiares administrar empresas.

Otro de las dificultades legales de Trump atañe a su red social, Truth Social, a la que trasladó sus publicaciones tras ser expulsado de Twitter. Los fiscales federales de Nueva York están llevando a cabo una investigaciónn penal sobre la compañía para examinar si violó los estatutos de lavado de dinero en relación con la aceptación de 8 millones de dólares con presuntos vínculos rusos, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el diario británico 'The Guardian'.

La empresa -Trump Media, propietaria de la plataforma Truth Social- fue inicialmente objeto de una investigación penal por sus preparativos para una posible fusión con una empresa de cheques en blanco llamada Digital World (DWAC), analizada también por la Comisión de Bolsa y Valores.