Trump quiere confinar hasta 30.000 inmigrantes irregulares en Guantánamo

El presidente de Estados Unidos dijo que el penal en la base, en la isla de Cuba, tiene capacidad para 30.000 personas y que ha dado indicaciones a las Fuerzas Armadas para que preparen la recolocación allí de indocumentados a los que no se pueda repatriar a determinadas naciones. No se ha anunciado, por ejemplo, si las dictaduras de Venezuela y Cuba aceptarán las repatriaciones planificadas por Trump.

En su anuncio, el presidente dijo que el envío de indocumentados con antecedentes a Guantánamo se justifica porque «algunos de ellos son realmente peligrosos», y destacó que «esto duplicará la capacidad de inmediato». Sobre la prisión, subrayó: «Es un lugar del que es muy difícil salir».

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En efecto, la cárcel, de máxima seguridad, está en una zona costera de la base naval, en un enclave en la isla de Cuba controlado por la Armada. El terreno fue cedido por Cuba en 1903, mucho antes de la revuelta comunista de Fidel Castro, y sigue bajo control norteamericano. Aunque los demócratas Barack Obama y Joe Biden se propusieron cerrar el penal en la base naval, Trump de hecho ha peleado por mantenerlo abierto. En 2018, firmó un decreto para mantener la cárcel operativa y dijo que allí serían enviados terroristas capturados en el extranjero. La decisión generó críticas de grupos de derechos humanos, que consideran la prisión un símbolo de detención indefinida y tortura durante la Administración Bush.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó ayer la medida de «acto de brutalidad» a través de la red social X, mientras que su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró que «muestra desprecio hacia la condición humana y el derecho internacional».

En su punto máximo, la prisión de Guantánamo llegó a albergar a 780 detenidos, la mayoría capturados tras los atentados del 11-S. Desde su apertura en 2002, han pasado por el centro alrededor de 800 prisioneros, muchos sin cargos formales o juicio. Uno de los intentos más relevantes de procesar a los detenidos ocurrió en 2009, cuando la Administración de Barack Obama intentó trasladar a Khalid Sheikh Mohammed, el presunto cerebro del 11-S, y otros acusados a Nueva York para ser juzgados en tribunales civiles.

Sin embargo, la fuerte oposición política y el temor a riesgos de seguridad llevaron al Capitolio a bloquear cualquier traslado a suelo estadounidense, frustrando así la posibilidad de un juicio fuera de las comisiones militares de Guantánamo, que se celebran en la misma base. Ya con Biden en la presidencia, la Casa Blanca trató de anular un acuerdo de culpabilidad de los ideólogos del 11-S, porque buscaba un juicio completo, algo que exigían las familias de los fallecidos y los supervivientes de los atentados.

El presidente reunió este miércoles a la plana mayor de su Gobierno en un escenario al que se acostumbró en su primer mandato y en el que está cómodo: un discurso solemne en la Sala Este, ante el retrato de George Washington, flanqueado por militares uniformados ante el sello presidencial. Era su regreso a los grandes y solemnes anuncios con toda la parafernalia presidencial.

Anunciaba el presidente la promulgación de la Ley Laken Riley, que facilita las deportaciones y endurece restricciones migratorias en Estados Unidos, permitiendo la expulsión rápida de inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos.

Se llama así en honor a Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en febrero de 2024 en Georgia, por un inmigrante indocumentado llegado de Venezuela. Su caso ha sido destacado por republicanos, incluido Trump, para justificar el cierre fronterizo y las deportaciones masivas. Trump se rodeó en la Casa Blanca también de los padres de Riley, que estuvieron presentes en la firma y recibieron el aplauso de los presentes.

Trump denunció además que la criminalidad en Venezuela ha bajado un 77% porque, según él, el régimen chavista envía a sus delincuentes a Estados Unidos.