El Tribunal Supremo de Justicia legitima el fraude electoral de Maduro en Venezuela

Y así lo hizo el Supremo, presidido por la militante chavista Caryslia Beatriz Rodríguez, publicando una sentencia en la que ratifica la reelección de Maduro después de realizar un opaco y cuestionado peritaje del material entregado por el CNE para despejar dudas sobre el proceso. «Con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje, podemos concluir que los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral», anunció Rodríguez desde la sede del TSJ. «Esta sala certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio».

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Maduro había pedido al TSJ «certificar» su victoria. Según el CNE, el mandatario habría obetenido el 52% de los votos. Sin embargo, las actas que recopiló la oposición demuestran que el triunfo es de González, con el 67% de la votación.

No hubo sorpresa en el dictamen del Supremo. Edmundo González, publicó un comunicado dirigiéndose al TSJ: «Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular», advirtió. «El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis. Los venezolanos no estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad ni a nuestro derecho a cambiar en paz para vivir mejor».

Minutos antes de que se pronunciara el Supremo, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU había alertado sobre la falta de independencia e imparcialidad tanto del TSJ como del CNE, que «han representado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado», según indicaron a través de una publicación en X. «En 2022, la Asamblea Nacional (el parlamento) modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales para ser controlada por la misma Asamblea, de mayoría oficialista, y eligió a los actuales 20 magistrados del TSJ», señalaron. El CNE tampoco es imparcial; lo preside el chavista Elvis Amoroso, quien fue anteriormente diputado del partido gobernante y quien, desde la Contraloría General, inhabilitó a María Corina Machado y a otros líderes de oposición para postularse a cargos públicos.

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Por no haber partipado en un acto que consideraba inapropiado, Edmundo González se enfrenta a repercuciones judiciales. Según la presidenta del TSJ, González no asistió a ninguna de las fases del proceso «y, por tanto, desacató el mandato en franco irrespeto a la autoridad judicial, conducta que acarrea sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente». Caryslia Rodríguez, también anunció que compartirá con el fiscal general, Tarek William Saab, copias de los documentos a fin de incorporarlas en las investigaciones que determinarán «las responsabilidades de la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración».

Machado y González, habían anticipado que cualquier sentencia para «validar el fraude» sería «nula». «Como hemos reiterado en distintas comunicaciones, la Sala Electoral del TSJ no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano electoral, pues no le competen», señalaron los líderes opositores en un comunicado suscrito por toda la Plataforma Unitaria, que aglutina a los principales partidos de la oposición en Venezuela. «La decisión del pueblo no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder», aseguraron.

Distintos juristas coinciden en que este procedimiento era improcedente, al sostener que el Supermo ha asumido atribuciones que corresponden al CNE. La Sala Electoral del TSJ no tiene competencias para pronunciarse y al hacerlo ha violado el principio de separación de los poderes públicos y también la Constitución, según los miembros de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, pues ni siquiera existe un recurso, como el que presentó Maduro, dirigido a iniciar el proceso de investigación y verificación para certificar los resultados electorales.

Pensando ya en los próximos comicios, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), aseguró que quienes no reconozcan la sentencia del TSJ, «no podrán postular candidatos en las elecciones regionales». Pero mientras no se resuelva el actual, la población no estará dispuesta a participar en otro proceso sabiendo que su voto no tienen ningún valor real.

Estados Unidos tiene preparada una lista de unos 60 funcionarios del Gobierno venezolano, incluyendo a sus familiares, que podrían ser sancionados en las primeras medidas punitivas tras las disputadas elecciones, según información de Reuters.

La lista propuesta destaca a funcionarios del CNE de Venezuela, el Tribunal Supremo y la policía de contrainteligencia que han estado involucrados en el caos político, dijeron las personas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó en los últimos días el borrador de la lista de sanciones al Departamento de Estado, señalado que el número de personas a ser sancionadas podría cambiar. Entre ellos, podría estar Caryslia Beatriz Rodríguez, Fanny Beatriz Márquez Cordero e Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrados de la Sala Electoral del Supremo.

Las sanciones impondrían prohibiciones de viaje a los funcionarios afectados y a sus familiares, y prohibirían a las entidades estadounidenses hacer negocios con ellos. Aunque aún no está claro cuándo serán anunciadas las medidas.

El secretario adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo el martes en la red social X que Washington «responsabilizará a quienes permitan el fraude electoral y la represión».

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, respondió en los últimos días a los funcionarios estadounidenses sobre X, acusando a Washington de organizar «un golpe de Estado» contra Maduro.

Los países vecinos, así como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, han intensificado sus pedidos de que se publiquen los resultados completos, pero hasta ahora han mostrado pocas señales de adoptar medidas contundentes ante lo que varios condenaron como fraude electoral.