Un tribunal rechaza la petición del gobernador de California para paralizar el despliegue militar

El Tribunal del distrito Norte de California ha rechazado este miércoles la solicitud del gobernador del estado, Gavin Newsom, para impedir el despliegue de Marines y Guardia Nacional en Los Ángeles por parte de la Administración de Donald Trump, al que ha acusado de estar «poniendo al Ejército estadounidense en contra de los ciudadanos» en el marco de las protestas contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos.

En su lugar, el juez federal Charles Breyer ha decidido programar una audiencia para el jueves a las 13.30 horas (hora local), según un documento judicial recogido por la cadena CNN, con el objeto de recabar los argumentos de ambas partes sobre la petición californiana de restringir temporalmente la movilización de militares en la localidad mencionada.

El Departamento de Justicia, por su parte, ha calificado la solicitud de California como carente de «fundamento jurídico» en un breve escrito presentado ante el juzgado, argumentando que, de concederse, pondría «en peligro la seguridad del personal del Departamento de Seguridad Nacional e interferiría en la capacidad del Gobierno federal para llevar a cabo sus operaciones».

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El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó en la víspera una denuncia contra Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, por el despliegue «ilegal» e «incendiario» de las fuerzas de seguridad en Los Ángeles, explicando que el envío de tropas supone una violación de la Constitución.

Por otro lado, el mnadatario ha reconocido públicamente que baraja invocar la Ley de Insurrección en el caso de que la situación escale en la ciudad californiana y ha acusado a los manifestantes de recibir pagos por protestar contra las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La Ley de Insurrección establece el mecanismo a seguir para poder activar el uso de esta fuerza en momentos de «rebelión». Sin embargo, Trump ha recurrido a una normativa que le permite asumir las competencias estatales para convertirlas en federales y poder así desplegar estas tropas. Para ello, ha hecho uso del conocido Título 10, que establece el funcionamiento de las fuerzas estadounidenses.

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Esto le permite ponerse por delante del gobernador californiano, si bien establece tres escenarios únicos para hacer el papel de la Guardia Nacional federal: ante una invasión o un peligro de invasión, ante una posible rebelión y ante la imposibilidad de hacer cumplir la legislación mediante el uso de las fuerzas de seguridad.