El Tribunal de Cuentas francés alerta sobre la catastrófica deuda nacional

La deuda pública de Francia (68 millones de habitantes) asciende hoy a los 3,3 billones de euros. El servicio de esa deuda (equivalente al 114 / 115 % del PIB) asciende hoy a 60.200 millones de euros: una deuda por habitante excepcionalmente alta. Y está muy por encima de la media en la zona euro, que ascendía el año pasado al 87,4 del PIB.

A finales de 2024, el déficit público francés ascendía al 5,8% del PIB, cuando la media de la zona euro era del 3,2%. Déficit que no deja de crecer desde hace años.

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Ante esas macrocifras, bien conocidas, el TdC ha lanzado dos advertencias graves: la libertad e independencia nacional está en manos de los acreedores del Estado, que son extranjeros en un 54/55 %; el Estado necesita tomar medidas para intentar recuperar su credibilidad perdida, subrayando que es necesario hacer 105.000 millones de euros de economías para intentar sanear la situación amenazante de las cuentas públicas.

Hace exactamente un año, el estado de las cuentas de la nación era ligeramente «menos» catastrófico. Francia estaba políticamente bloqueada, sin la mayoría política parlamentaria imprescindible para tomar las medidas imprescindible para comenzar a sanear las finanzas públicas.

Ante esa evidencia, Macron tomó la decisión de convocar elecciones anticipadas, esperando conseguir una mayoría parlamentaria más sólida. El resultado fue doblemente catastrófico. Los partidarios de Macron y la derecha tradicional perdieron terreno, cuando Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen, y La Francia Insumisa (LFI, extrema izquierda), el partido de Jean-Luc Mélenchon, se convirtieron en las fuerzas políticas mayoritarias.

Macron tardó tres meses en encontrar un primer ministro, Michel Barnier, que tardó otro trimestre en presentar sus presupuestos del Estado, proponiendo cortes del gasto público que fueron rechazados por la extrema derecha y la extrema izquierda, precipitando la censura y caída del gobierno.

Macron nombró un nuevo jefe de gobierno, François Bayrou, a mediados de diciembre pasado. Seis meses más tarde todos los «semáforos» económicos y políticos están en rojo.

Bayrou ha agravado la fragilidad de la mayoría relativa, dividida en cuestiones esenciales, y no ha conseguido negociar literalmente nada, con nadie, para poder presentar unos presupuestos del Estado aceptables. Días pasados, el gobierno de Bayrou-Macron pudo «salvarse» gracias al apoyo expreso de Marine Le Pen, que lanzó esta advertencia: «Si el gobierno no respeta nuestras »líneas rojas« cuando presente los presupuestos del Estado pediremos un voto de censura para derrocarlo».

Durante los seis meses de gobierno de Bayrou las cuentas del Estado se han deteriorado en otros 45.000 millones de euros, provocando la nota de alarma del Tribunal de Cuentas (TdC).

Desde hace un año, Francia está gobernada con presupuestos «provisionales», sucesivamente modificados, al ritmo de las oportunidades parlamentarias. Temiendo una crisis y voto de censura, Bayrou ha aplazado hasta el otoño que viene la presentación de los futuros presupuestos del Estado. El TdC teme que la situación de las finanzas públicas sea un grave lastre para el futuro nacional