El Tren de Aragua encaja en la estrategia «asimétrica» de Maduro

La relación entre este y la organización delictiva, puesta de manifiesto en el asesinato en Chile el año pasado de un teniente del Ejército venezolano disidente, ha sido examinada en los últimos meses por algunos análisis de los que seguidamente se da cuenta.

Noticia Relacionada

La violencia lastra la economía de América Latina

Emili J. Blasco

Los altos índices de inseguridad regional suponen un coste medio anual del 3,4% del PIB, un tercio del cual cubierto con gasto público

Es natural que régimen y banda, ambos nutridos del hampa (la propia estructura chavista está envuelta en negocios ilícitos y prácticas criminales), tengan puntos de contacto. La cuestión es si existe una vinculación directa.

Una reciente investigación de Douglas Farah y Pablo Zeballos, destaca cómo el TdA ha crecido como «exoesqueleto» de la migración venezolana: emigrando con sus connacionales, los miembros del TdA pronto vandalizaron algunas de las rutas de salida, así como el entorno de los migrantes en sus lugares de tránsito o llegada. Explotan «las vulnerabilidades jurídicas y económicas de las comunidades de la diáspora»; muchos son jóvenes varones que ven en la actividad delictiva «una vía para alcanzar independencia económica y protección frente a otras pandillas o a las instituciones del país de acogida», dice la investigación.

La extrema violencia es utilizada para intimidar a las comunidades y también para atraer a grupos locales que quieran identificarse como parte del TdA a cambio entregar parte de sus ganancias ilícitas. El grupo es responsable de homicidios, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, explotación sexual de menores y extorsión.

El secuestro el 21 de febrero de 2024 en Santiago de Chile de Ronald Ojeda, teniente que había desertado del ejército venezolano, supuso una voz de alerta sobre las capacidades trasnacionales desarrolladas ya por el TdA, así como sus posibles vínculos con el chavismo. Unos días después el cuerpo de Ojeda fue hallado dentro de una maleta, desmembrado y enterrado bajo metro y medio de hormigón.

Las denuncias del Gobierno chileno sobre una posible participación directa del régimen de Nicolás Maduro en el asesinato (lo que, por tanto, constituiría una actuación criminal del gobierno de un país en un espacio soberano de otro) han sido después documentadas por los fiscales, que cuentan con declaraciones de testigos y otras evidencias señalando a Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, como la persona que presuntamente encargó la operación al líder del TdA (Héctor Guerrero, conocido como Niño Guerrero, quien habría ordenado el trabajo a la facción de Los Piratas).

El grado de vinculación del TdA con la cúpula dirigente bolivariana de Venezuela ha sido objeto de debate. Aunque la desestabilización que la criminalidad del grupo genera en las sociedades vecinas puede contribuir a los intereses del gobierno en Caracas, con la información que de momento existe habría que afirmar que probablemente se trata de tenues relaciones de conveniencia, las cuales adquieren un compromiso específico en operaciones puntuales.

Farah y Zeballos hablan solo de «algunos vínculos funcionales». Más allá de algunos encargos, como el del asesinato de Ojeda, se trataría de una conjunción de intereses comunes, ya que «la función del TdA para el régimen de Maduro se entiende mejor como parte de una serie de tácticas asimétricas, de bajo costo y bajo riesgo, que el régimen emplea para desestabilizar la gobernanza democrática» de otros países.

Por un lado, Maduro estaría utilizando la migración masiva como arma asimétrica (como la Turquía de Erdogan habría hecho con los refugiados sirios para aumentar su presión negociadora sobre la UE), y por otro, se beneficiaría de la delincuencia del TdA para desgastar el tejido económico y social de países institucionalmente más estables y alimentar así discursos populistas y soluciones autoritarias que vendrían a 'normalizar' la excepcionalidad que hoy es Venezuela.

Al mismo tiempo, atemorizar a los disidentes fuera de las fronteras venezolanas o incluso disuadir de emigrar a quienes piensa hacerlo por miedo a ser objeto de extorsión o trata de personas por grupos como el TdA también resulta en ventaja de Maduro.

Una mayor vinculación es la que estima Joseph Humire en un análisis escrito para Heritage Foundation, donde se refiere al TdA como «organización criminal patrocinada por el Estado que nació de las políticas del gobierno venezolano, las cuales mezclan al Estado con las redes criminales». Entre los vínculos, Humire cita un chat que se intervino a los llamados «narcosobrinos» (los dos sobrinos de Maduro implicados en narcotráfico detenidos en 2015 por EE.UU., liberados por la Administración Biden a pesar de la condena a 18 años de cárcel), en el que se daba la impresión ya entonces de usar elementos del TdA como sicarios.

Humire también advierte que uno de los sospechosos en el asesinato de Ojeda, Walter Rodríguez Pérez, trabajó previamente como escolta de Tareck el Aissami cuando este era ministro del Interior.

Asimismo, se destacan posibles vínculos, al menos históricamente, de Iris Varela, hoy vicepresidenta de la Asamblea Nacional y durante casi una década ministra de Prisiones, bajo cuyo mandato el TdA creció en la cárcel de Tocorón.

De todos modos, aunque Humire utiliza la expresión «state-sponsored» para definir al TdA, no establece una habitual coordinación entre esta organización y el gobierno venezolano; las conexiones parecen más bien ocasionales