Los terremotos marcan el posible descenso del poder de Erdogan

La cifra de muertos en Turquía, según las últimas cifras, ya supera los 44.000; más de 6.000 personas han muerto en Siria y hay diez provincias afectadas en las que 50.000 edificios han sufrido «daños graves» y deben ser «derribados inmediatamente», según datos del Ministerio de Urbanismo.

El terremoto del 6 de febrero ha removido los cimientos políticos de un país que estaba inmerso en una larga campaña electoral de cara a los comicios adelantados por Erdogan al 14 de mayo. El futuro político está en juego en el peor momento posible para el líder islamista y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).

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El presidente trata de dar imagen de mando, de mostrarse como la persona que lidera los esfuerzos de ayuda a las víctimas, pero este desastre ha desgastado su aura de poder y debilitado a un Ejecutivo que ya antes tenía problemas debido a la delicada situación de la economía turca. La gran incógnita es conocer qué pasará con unas elecciones que, según la Constitución, solo se pueden posponer en caso de guerra, no de un desastre natural.

Bulent Arinc, expresidente del parlamento turco y miembro del AKP, recurrió a Twitter para adelantar que los comicios «deben aplazarse hasta las elecciones locales del próximo año para establecer una infraestructura adecuada para la votación en las provincias afectadas. El país debe deshacerse del estrés electoral lo antes posible… No puede haber elecciones en mayo o junio, no puede ser».

Fue la primera voz oficial en opinar sobre el tema, ya que la orden es no hablar de las elecciones y centrarse en el terremoto. Consultado por los comicios, Ali Ihsan Yavuz, vicepresidente del AKP, respondió que «es una tontería discutir esto en medio de un desastre, un insulto a las vidas perdidas».

El comentario de Arinc en redes sociales recibió la inmediata respuesta de Kemal Kilicdaroglu, líder del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), quien dijo que hay que ante todo hay que respetar la Constitución y que tras el terremoto «habrá movimientos migratorios, sin embargo, con la tecnología actual, este problema se puede superar fácilmente. Todo el mundo tiene un número de identificación turco. La Junta Suprema de Elecciones tiene los datos personales de todos. Los cambios de dirección también se pueden detectar fácilmente». Desde el CHP se han lanzado duras críticas a Erdogan por la lenta respuesta a la catástrofe y cuentan lo días para recuperar el poder perdido hace dos décadas a manos del AKP.

El posible retraso electoral provocó también la reacción de Selahattin Demirtas, el líder kurdo del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), encarcelado desde 2016, para quien «cualquier intento de retrasar las elecciones sin obtener el apoyo del Parlamento equivaldría a un golpe político». Los kurdos, cuyo partido está a las puertas de una nueva ilegalización, son la tercera fuerza política del país y aspiran a jugar un papel clave en los comicios, aunque lo tengan que hacer bajo unas siglas diferentes.

Las voces favorables al retraso de los comicios proponen su celebración en noviembre de 2023 o junto con las elecciones locales, previstas para marzo de 2024. En los medios turcos, el miedo a que un nuevo terremoto sacuda Estambul es uno de los temas que más preocupa y los expertos alertan de un impacto devastador que provocaría «cientos de miles de muertos».

El último gran temblor cerca de la ciudad más poblada del país fue en 1999 en Izmit, tuvo una intensidad de 7,4 grados en la escala de Richter y dejó 17.000 muertos. Entonces, como ahora, la respuesta del Gobierno fue muy criticada por los problemas de organización y en las elecciones posteriores el primer ministro, Bülent Ecevit, del CHP, pagó la crisis abierta con una derrota en las urnas. Veinticuatro años después, la persona que desbancó a Ecevit y que atacó con dureza su gestión del desastre pasa por la misma situación. Su nombre es Erdogan, un líder cuyo ascenso y descenso del poder puede quedar marcado por dos terremotos y por una gestión en la que las amnistías a los constructores han revelado que no se han cumplido las normas de seguridad establecidas tras el 99 que exigían, entre otras cosas, que las estructuras de las regiones sísmicas utilicen hormigón de alta calidad reforzado con barras de acero.