Terremoto legal en Argentina: Milei quiere plenos poderes hasta el fin de su mandato

Milei quiere con este nuevo ordenamiento jurídico modificar o anular más de 300 leyes. El texto cuenta con 664 artículos, entre los que destacan el de la eliminación de las elecciones primarias, la declaración del estado de emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025, o la privatización de empresas públicas. Incluye también el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, modificaciones en la Oficina Anticorrupción y en la composición de la Cámara de Diputados, así como otros cambios en las leyes de financiación de los partidos.

El futuro de la ley en el Parlamento argentino es incierto, puesto que la formación de Milei, La Libertad Avanza, tiene una mínima representación, pero tiene como aliada a buena parte del frente de centroderecha Juntos por el Cambio, con fuerte peso en las dos cámaras del Congreso. La Constitución argentina prohíbe en su artículo 46 la delegación legislativa en el poder ejecutivo, 'salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio' y dentro de las bases que establezca el Congreso.

En el preámbulo de la iniciativa, el Gobierno afirma que su objetivo es 'emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la nación'.

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ABC / Agencias

El proyecto de ley incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral o cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras

La presentación del proyecto de ley ha provocado este miércoles enfrentamientos entre manifestantes y Policía. El principal sindicato del país, la Confederación General del Trabajo, movilizó por primera vez a sus bases contra Milei frente a la sede del Palacio de Justicia, donde se registraron los primeros disturbios. El sindicato define el primer plan de choque del Gobierno como un 'atropello irracional' con numerosas 'medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas' contra la mayoría. A la central sindical se unió el frente opositor peronista Unidos por la Patria, para quien la iniciativa impulsada por el nuevo Gobierno 'ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales'.