Tabasco, la tranquila patria chica de López Obrador tomada por la violencia y el narco

Desde diciembre hasta ahora el giro ha sido drástico y Tabasco, una de los estados menos poblados del país, comienza a ser un reflejo de la violencia que sacude a todo México.

Los hechos se precipitaron el pasado 23 de diciembre cuando tuvieron lugar cuatro motines carcelarios en la capital estatal Villahermosa, hechos que incluyeron tiroteos y quemas de vehículos durante una madrugada de terror. Las cárceles en México suelen ser bases operativas para redes que practican la extorsión, así como otros delitos. En los primeros días de enero se reportó la desaparición de ocho mujeres colombianas que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y cuyo rastro se perdió mientras iban a animar una fiesta. Fueron secuestradas y la autoridad finalmente logró rescatarlas, pero quedó instalada en la opinión pública la sospecha de la existencia de redes de trata de personas que operan en Tabasco.

El 4 de febrero, en un vídeo subido a YouTube, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el más poderoso del país, irrumpió en la escena y anunció «una limpia» en el estado del presidente con la finalidad de pacificar la entidad y abatir a diversos grupos criminales. Corolario: en lo que va de febrero se han cometido al menos 28 homicidios dolosos, lo que significa que se ha superado con creces la cifra total de casos registrados en enero, cuando hubo 23 en todo el mes.

Trata, extorsiones, violencia y narco se combinan como un coctel explosivo que arrasó con la amena vida tabasqueña y exponen la realidad de un país que se encamina a las elecciones presidenciales de junio acorralado por la sospecha de que el crimen organizado jugará un papel crucial en los comicios.

Hace dos semanas la candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez estuvo en Washington donde se reunió con Luis Almagro, titular de la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese encuentro la aspirante pidió que el organismo multilateral envíe observadores a México para revisar que el crimen organizado no tenga incidencia electoral.

Almagro fue receptivo con Gálvez pero de momento la OEA no confirma el envío de observadores electorales. Y es que, el Gobierno de Joe Biden pesa mucho en el organismo con sede en Washington y si ese movimiento tuviera lugar se agregaría otro foco de tensión con la Administración de López Obrador. Además, Biden necesita que México colabore con el drama de la migración en la frontera sur para favorecer su reelección en noviembre.

El mundo de los negocios tampoco está ajeno a la escalada de la violencia. Un informe reciente de Citibanamex, filial en México de Citigroup, anticipó que el crimen organizado tendrá injerencia en los próximos comicios. El presidente rechazó el informe desde su conferencia matutina: «Esos informes los escriben supuestos expertos, que ni siquiera son accionistas del banco, expertos que están completamente divorciados de la realidad». Hasta la Iglesia católica ha entrado en el debate. Hace unos días, obispos del estado de Guerrero, uno de los más violentos del país, anunciaron que buscarían una tregua con los grupos del crimen organizado que allí operan. Lo comunicó el obispo el Chilpancingo, José de Jesús González, que afirmó tener el respaldo del Vaticano. En Guerrero es donde el mes pasado aparecieron las imágenes de los niños policías, menores de edad empuñando armas largas, que recorrieron la prensa internacional.

La inseguridad toca hasta los aspectos más elementales de las campañas en un país donde este año se eligen más de 20.000 cargos públicos. Recientemente, varios candidatos, de todas las fuerzas políticas, suspendieron actividades y eventos por un paro de transportistas que bloqueó diversas carreteras en el centro del país. Protestaron por la inseguridad contra los chóferes de camiones de carga. Según la entidad gremial que los agrupa, en 2023 este tipo de delitos tuvo un incremento del 13% alcanzando un total de 9.238 robos.

Y los crímenes contra candidatos y políticos tampoco dan respiro. Este mes, en cuatro días fueron asesinados dos familiares directos del senador Ricardo Monreal, uno de los principales actores de la campaña de la oficialista Claudia Sheinbaum. Hace unos días fue secuestrado durante algunas horas el dirigente del partido Movimiento Ciudadano en Guerrero y a comienzos de febrero mataron al padre de una candidata a alcaldesa del municipio de Huamuxtitlán, también en Guerrero.

Pero el Gobierno mexicano está alineado con la retórica del presidente, que rechaza cualquier injerencia del crimen en las elecciones. El Instituto Nacional Electoral (INE), organismo estatal a cargo de las elecciones y controlado por López Obrador, descartó elaborar un mapa de riesgos y le pidió a la oposición, como medida preventiva, no postular a candidatos asociados al crimen organizado. La oposición reclama que en aquellos estados donde se registre incidencia del narco en las elecciones, los resultados sean anulados.

El INE prometió asignar, en casos de riesgo, custodia de la Guardia Nacional, la policía militarizada creada por el Gobierno actual. Esta corporación, según un reporte del Centro Pro Derechos Humanos, 'think-tank' con sede en esta capital, registró en los últimos cuatro años más 11.000 expedientes de asuntos internos por conductas sospechosas de sus efectivos. Existen 42 carpetas, sin derivaciones judiciales, sobre efectivos de la Guardia Nacional vinculados al crimen organizado.

Sheinbaum, la candidata de López Obrador a sucederlo, tampoco habla ni dice nada del caos y la violencia en público. Es un drama que no existe en su repertorio más allá de las frases esperables y los lugares comunes. Un mutismo absoluto que solo se rompe en aquellas reuniones privadísimas que sostiene con empresarios y diplomáticos en un domicilio particular en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, donde el presidente no puede escucharla.