Suspenden del cargo cinco meses a la vicepresidenta de Ecuador
El Ministerio de Trabajo la ha sancionado por «abandono injustificado del trabajo», que la dejará sin remuneración y alejada de sus funciones
La vicepresidenta de Ecuador denuncia al presidente Daniel Noboa por violencia política
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A pesar de que los sectores políticos de Ecuador esperaban una decisión semejante, el país fue sorprendido, este sábado, con la noticia de que la vicepresidenta Verónica Abad ha sido sancionada por el Ministerio de Trabajo con la suspensión temporal de 150 días (cinco ... meses) sin remuneración, por «abandono injustificado del trabajo», lo que implica que se alejará de sus funciones por ese tiempo, aunque los constitucionalistas advierten que ya no podría regresar a sus funciones.
Esto sucede cuando Ecuador se encuentra en un momento preelectoral ya que el 9 de enero habrá elecciones para escoger presidente de la República y una nueva Asamblea Nacional (Congreso).
Reconocidos constitucionalistas se mostraron contrarios a la sanción a la vicepresidenta, pues consideran que está al margen de la ley. «¡Seamos serios! La Constitución dispone expresas causas de ausencia temporal de un vicepresidente y jamás es sanción por sumario. Esto no es de afectos, es de orden constitucional», publicó en su cuenta X (antes Twitter) José Chalco Salgado, docente de Derecho Constitucional, mientras que la penalista Paulina Araujo habló de «sinsentido jurídico», y André Benavides, también profesor de Derecho Constitucional, aludió a las implicaciones de la sanción y mencionó cómo procedería la sucesión, asumiendo que no podría regresar tras 150 días, porque la ausencia temporal máxima permitida es de tres meses.
En agosto, la canciller, Gabriela Sommerfeld, había dispuesto el traslado de Abad desde Tel Aviv donde se desempeñaba como embajadora de Ecuador, a Ankara (Turquía), aduciendo asuntos de seguridad, por los bombardeos en Israel, que la propia Abad había esgrimido para pedir salir de ese país. Pero la vicepresidenta no llegó el primero de septiembre, como se había dispuesto, sino cinco días después, por lo que el Ministerio de Trabajo inició un sumario administrativo en su contra.
Tal medida causó controversias ya que siendo una autoridad elegida en las urnas no está bajo el régimen administrativo, pero el fallo que se conoció este 8 de noviembre habla de una sanción por «falta grave», y la aplicación del artículo 48, literal b, de la Ley Orgánica del Servicio Público.
Las relaciones entre Abad y Daniel Noboa fueron tensas desde antes de que ganasen la segunda vuelta, pero, tras asumir el poder, en noviembre de 2023, el distanciamiento fue visible para todos. «El presidente me quiere lejos», reaccionó Abad cuando Noboa la envió de embajadora de Ecuador a Israel.
Encargar la Presidencia
El Gobierno de Noboa nunca ha ocultado el temor de que Verónica Abad pudiera asumir la Presidencia durante el tiempo que Daniel Noboa pida licencia para hacer campaña por la reelección -entre enero y febrero de 2025-, y, por eso, el Ejecutivo ha movido todos los resortes del poder.
La vicepresidenta ha sido denunciada varias veces por distintos motivos, incluso por su campaña de tres años atrás cuando fue candidata a la Alcaldía de Cuenca; también su hijo mayor fue procesado y encarcelado, al tiempo que también ella ha denunciado al propio presidente de la República, a la canciller y a funcionarios cercanos Noboa, por violencia de género. Este 5 de noviembre, Abad fue sancionada con una multa de 8.500 dólares por el Tribunal Contencioso Electoral, por «infracción electoral».
El tiempo durante el cual Abad estará fuera del poder «coincide» con el intervalo de algo más de 30 días en los Noboa dejará Carondelet (sede del Gobierno) para hacer campaña, lo que implica que él deberá encargar la Presidencia a uno de sus ministros. Luego de los 150 días, Abad podría reasumir la segunda magistratura, pero analistas consultados no descartan que Noboa, cuando retorne de la campaña, pudiera enviar una terma al Congreso para que elijan una nueva vicepresidenta, por el tiempo que reste para completar el período (24 de mayo de 2025), argumentando que la ausencia temporal máxima es de tres meses. Por eso, no se descarta que Abad presente una acción de protección.
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