El Supremo permite a Trump la retirada de la residencia temporal legal para 350.000 venezolanos

La decisión proviene de una batalla judicial en instancias inferiores, por la que los abogados de los inmigrantes buscaban que no se permitiera a la Administración Trump acabar con ese programa de TPS, aprobado por el anterior Gobierno, el de Joe Biden.

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Los programas de TPS fueron creados por el Congreso durante la presidencia de George H.W. Bush para acoger de forma temporal a inmigrantes de países afectados por crisis: desde desastres naturales a guerras o conflictos políticos violentos.

La Administración Biden dio mucho uso a esas facultades, también como una forma de regular una llegada masiva y caótica de inmigrantes desde la frontera sur del país. En varios programas, dio residencia legal temporal a cientos de miles de personas llegadas desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Esa fue una de las políticas que Trump condenó en su campaña y que prometió eliminar nada más poner el pie en la Casa Blanca. Y así lo hizo: su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, eliminó el pasado febrero la prórroga de 18 meses que el anterior Gobierno había concedido a los venezolanos. Para 350.000 de ellos, eso suponía que su estatus de protección acabaría el pasado 7 de abril. Otros cerca de 250.000 verían su situación legal acabada a finales de año.

Un juez de Washington, Edward Chen, paralizó de forma cautelar esos planes. Defendía que la decisión de la Administración Trump era «arbitraria y caprichosa» y que provocaría un «daño irreparable» a los inmigrantes, además de un fuerte coste económico y social a las comunidades en las que viven.

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Un juzgado de apelaciones rechazó la exigencia de la Administración Trump de que se bloqueara esa medida cautelar del juez y el asunto ha acabado por llegar al Supremo. Sus magistrados -con la única excepción de una de las tres juezas progresistas- han determinado que se levanta ese bloqueo. La decisión abre la puerta a que la Administración Trump lleve a cabo expulsiones de los venezolanos hasta ahora protegidos por el TPS, mientras la cuestión de fondo -si Noem tenía o no autoridad para acabar con el programa- se decide en los tribunales inferiores.

La actividad frenética de la Administración Trump en materia migratoria está provocando que el Supremo tenga que intervenir de urgencia en muchos casos. La decisión de este lunes se produce después de que el pasado viernes diera la espalda al Gobierno en otro asunto: mantuvo el bloqueo a las deportaciones expeditas emprendidas por Trump con la invocación de una ley bélica de 1798.