El Supremo da oxígeno a Trump y congela la reincorporación de miles de funcionarios despedidos

La medida, dictada en respuesta a un recurso de emergencia del Departamento de Justicia, mantiene a esos trabajadores en una especie de limbo administrativo: seguirán recibiendo su salario, pero no podrán volver a sus puestos por ahora, suspendidos así de empleo pero no de sueldo.

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Es una moción temporal, a falta de un fallo definitivo sobre el asunto, que se demorará aun semanas, si no meses.

Se trata de funcionarios en periodo de prueba que fueron despedidos por seis agencias —Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesoro— en una oleada de expedientes de regulación de empleo masivos que ya ha afectado a más de 24.000 personas desde el regreso de Trump al poder, según estimaciones contenidas en los recursos judiciales.

La cifra no ha sido confirmada oficialmente, la manejan medios estadounidenses con fuentes propias. En EE.UU. hay más de tres millones de funcionarios, siendo el gobierno federal el mayor empleador del país.

Las demandas iniciales han sido presentadas por sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro que denuncian la ilegalidad en el proceso. Uno de los jueces implicados, William Alsup, con juzgado en San Francisco, sostuvo que la Oficina de Gestión de Personal (OPM, siglas en inglés) y su director interino se extralimitaron al ordenar despidos sin una base legal clara.

Según el juez, muchos de los afectados habían recibido evaluaciones laborales positivas poco antes de ser despedidos. Pero esto pone en duda la discrecionalidad del presidente a la hora de conformar sus equipos.

Escribió Alsup, nominado por el expresidente demócrata Bill Clinton: «No se puede despedir a un trabajador por 'bajo rendimiento' cuando su expediente refleja lo contrario». Fallos como este han llevado a la Administración Trump a denunciar «lawfare» y activismo judicial.

En paralelo, un tribunal en Maryland falló en el mismo sentido, pero su orden tiene alcance limitado: solo afecta a 19 estados y a la capital federal, Washington D.C., que han demandado colectivamente al Gobierno. Este otro caso aun no se ha decidido.

Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon públicamente de la mayoría del Supremo y dijeron que habrían dejado en pie la decisión del juez Alsup.

El gobierno de Trump, a través del procurador general, John Sauer, ha defendido los despidos como una prerrogativa de cada agencia y sostiene que todas «han decidido mantener esas terminaciones».

La decisión del Supremo no resuelve el fondo del asunto, pero señala el tono de lo que podría ser una batalla prolongada sobre hasta qué punto puede el Ejecutivo aligerar la administración federal sin control judicial.