El Supremo de EE.UU. da luz verde a los despidos masivos de funcionarios de Trump

En febrero, en los primeros compases de su segundo mandato, Trump anunció a través de una orden ejecutiva una «transformación decisiva de la burocracia federal», que conllevaba la eliminación potencial de decenas de miles de empleos en el sector público y el adelgazamiento o la consolidación de muchas entidades del Gobierno federal.

La orden fue contestada en tribunales por el mayor sindicato de funcionarios federales, la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE, en sus siglas en inglés), junto a una decena de grupos activistas y seis gobiernos locales de varios estados, entre otros, California, Illinois y Texas.

La posición de los demandantes es que el poder ejecutivo requiere de la autorización del Congreso para transformaciones de ese tipo de las agencias federales, ya que han sido instauradas por el poder legislativo.

En un principio, Susan Illston, una jueza de San Francisco (California) les dio la razón y aseguró en una decisión tomada en mayo que «como demuestra la historia, el presidente puede reestructurar de forma amplia las agencias federales solo cuando se lo autorice el Congreso».

Illston bloqueó los despidos y cambios anunciados para 19 agencias federales, incluidos los departamentos de Estado, Tesoro, Salud, Asuntos de Veteranos o Comercio. Y, además, ordenó que los funcionarios cuyos despidos habían sido ya ejecutados reingresaran a sus puestos de trabajo.

Esa decisión de la jueza fue después respaldada por un tribunal de apelación y el asunto ha llegado de urgencia al Supremo. Una mayoría amplia de sus jueces ha decidido tumbar la decisión de la jueza en una sentencia sin firma y de argumentación escueta, en la que no entra en el fondo de la cuestión, pero que sostiene que el Gobierno «probablemente va a imponerse» en su argumento de que la orden ejecutiva de Trump era adecuada.

No es la primera vez que el Supremo da la razón a la Administración Trump en los despidos de funcionarios. Con anterioridad, ha dado luz verde al despido de reguladores independientes o al de funcionarios en situación provisional.

Pero ahora lo hace con una mayoría de 8 a 1, con el voto positivo no solo de los seis jueces del sector conservador -nominados por presidentes republicanos-, sino también con el favor de dos de las tres jueces del sector progresista, nominadas por presidentes demócratas.

La excepción fue la de la jueza Ketanji Brown Jackson, la única elegida por Joe Biden en su mandato, que se ha convertido en la voz más crítica con las decisiones que favorecen a Trump.

La decisión del Supremo no impide que la demanda original siga ventilándose en instancias inferiores, pero retira el bloqueo a los despidos y las reestructuraciones. Y permitirá que el presidente siga metiendo tijera al sector público, unos esfuerzos liderados en un principio por el que fue su mano derecha y gran financiador electoral, ahora enfrentado con él, Elon Musk, a quien entregó el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en sus siglas en inglés), una agencia de nueva creación.