El Supremo de EE.UU. duda de que las redes deban pagar por actos terroristas

Este y otro caso sobre Google, oído el martes, podrían cambiar el modo en que opera internet. En ambos, familiares de víctimas de atentados terroristas, en París y Estambul, han acusado a las plataformas digitales de lavarse las manos ante la proliferación de contenido terrorista en ellas. Los casos han ido ascendiendo en el sistema judicial estadounidense, apelación a apelación, y ahora llegan a la máxima instancia, que no dictará sentencia hasta el verano.

Esta es una batalla no sólo judicial, sino también política, pues el Supremo decide sobre una legislación hasta ahora poco conocida pero que ha sentado los cimientos del internet actual: la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. En su sección 230, establece: «Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o portavoz de ninguna información proporcionada por otro proveedor de contenido o información». Gracias a ella, hasta ahora las grandes empresas de internet, como Facebook o Twitter, no han sido responsables legales de lo que se ha publicado en ellas.

En la anterior Administración, el expresidente Donald Trump se propuso sin éxito revocar esa ley, denunciando que las plataformas digitales eran parciales a la izquierda y censuraban de forma sistemática voces conservadoras, sin tener que rendir cuentas por ello. Si esas redes son editoras, entonces también pueden ser acusadas de censura. Trump fue expulsado de esas mismas redes sociales en el final de su mandato por incitar a la insurrección en enero de 2021. Una serie de documentos internos revelados ahora por el periodista Matt Taibi, facilitados por Elon Musk, nuevo dueño de Twitter, revelan que esa red social filtraba y censuraba muchos más perfiles conservadores que aquellos que no lo fueran.

Aunque el Supremo de EE.UU. tiene ahora una mayoría claramente conservadora, que por ejemplo el año pasado permitió anular la jurisprudencia sobre el aborto, en este caso parece que no hay una posición claramente mayoritaria en el asunto de las redes sociales, aunque todo dependerá de las votaciones internas de la corte.

Durante casi tres horas de vista oral este miércoles 22 de febrero, los jueces interrogaron a los abogados de Twitter, del gobierno de EE.UU. y de la familia de Nawras Alassaf, un jordano muerto en un atentado en Estambul en 2017, para determinar el nivel de responsabilidad legal de la red social, si la hubiera. Los jueces conservadores del tribunal parecían más receptivos ante los alegatos de Twitter de que no se le puede aplicar la Ley Antiterrorista.

Esa ley norteamericana dice que puede encausarse a «cualquiera que ayude e instigue, proporcionando a sabiendas ayuda sustancial, o que conspire con quien cometa un acto de terrorismo internacional». El presidente del Tribunal, juez John Roberts, dijo no tener claro que alojar contenido terrorista suponga una ayuda «sustancial».

Los jueces progresistas parecían más dispuestos a penalizar a Twitter, y hasta hicieron comparaciones con los bancos que permiten a grupos terroristas lavar dinero. Según expresó la jueza Elena Kagan, «estamos acostumbrados a pensar que los bancos prestan servicios muy importantes a los terroristas. Tal vez no estemos tan acostumbrados, pero parece ser cierto que varios tipos de servicios de redes sociales también prestan servicios muy importantes a los terroristas».