El suicidio que evidencia el infierno carcelario en Cuba

No ha sido esta la primera ocasión en que Yosandri Mulet Almarales atentaba contra su vida: en junio de 2022 estuvo en estado crítico tras un primer intento de suicidio en la prisión Combinado del Este, en la capital cubana. Según fuentes familiares a las que ha tenido acceso ABC, Yosandri «no quería estar preso» y «estaba muy alterado; dejó la merienda y otras cosas que debía llevarse» al campamento de trabajo forzado. Yosandri, aseguran, padecía trastornos mentales que le conducían a comportamientos de este tipo.

Yosandri Mulet Almarales es el segundo preso del 11-J que fallece durante su condena; el primero fue Luis Barrios Díaz (37 años), quien murió en noviembre de 2023 tras complicaciones respiratorias agravadas por la decisión de las autoridades de no mantenerlo ingresado en un hospital de La Habana. A ambos, las autoridades le concedieron la licencia extrapenal en el lecho de muerte.

Aunque es este el primer caso documentado de preso político que se suicida en Cuba desde las históricas protestas del 11-J –que aumentaron significativamente el récord de encarcelamientos con motivaciones políticas– está lejos de ser el único que lo ha intentado.

El suicidio figura entre las diez principales causas de muerte en Cuba según el 'Anuario Demográfico 2022', en donde aparece como «lesiones autoinflingidas intencionalmente». Cuba está entre los países de América Latina y el Caribe con mayores tasas de suicidio. Ramón Felipe Prado Rodríguez, especialista en Psiquiatría del Hospital Universitario General Calixto García, dijo en un evento de la Organización Panamericana de la Salud, en 2021, que Cuba registra 13 suicidios por cada 100.000 habitantes; el 70 % son realizados por hombres.

Sin embargo, no existe transparencia por parte de las autoridades cubanas sobre las causas u otros datos relevantes al respecto, como la cantidad de personas que se suicidan estando en prisión, un detonante que podría ser importante teniendo en cuenta las precarias condiciones de las cárceles cubanas y las constantes torturas físicas y psicológicas a las que son sometidos los condenados por motivos políticos.

La organización Free Society Project, conocida como Archivo Cuba, ha documentado 211 casos de suicidios; de ellos, 34 ocurrieron desde que Miguel Díaz-Canel fuera designado presidente, en abril 2019: quince en el Servicio Militar Activo (obligatorio); diecinueve bajo custodia policial (presos y algunos posibles asesinatos extrajudiciales); uno de un opositor bajo persecución por parte del Estado; uno tras recibir una multa de 5.000 pesos por vender bananos sin licencia; un veterano de la guerra de Angola, que fue multado con 4.000 pesos (unos 12 euros) por vender frutas y viandas sin permiso, ya que no tenía dinero para pagarlo; y uno intentando entrar a EE.UU. desde México.

En lo que va de año, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) ha registrado tres eventos de ideaciones suicidas, tres autoagresiones y seis intentos de quitarse la vida, que involucran a diez personas reclusas por motivos políticos (siete hombres y tres mujeres).

En mayo de 2023, Abel Lázaro Machado Conde (26 años), paciente psiquiátrico y preso político del 11-J, condenado a 9 años de privación de libertad, tuvo uno de sus intentos suicidas. La respuesta de las autoridades de la prisión de Quivicán, provincia de Mayabeque, fue esposarlo de pies y manos durante toda la noche en un pasillo. El joven también ha sido golpeado, maltratado y llevado a celdas de castigo; además, le han negado la asistencia médica necesaria.

En febrero de 2024 el activista Yasmany González Valdés, condenado a cuatro años de prisión por poner letreros antigubernamentales en muros de La Habana, relató a su esposa que había pensado en quitarse la vida por la desesperación ante los abusos en las cárceles y las injusticias cometidas en su contra.

Ese mismo mes, las presas políticas Mayelín Rodríguez Prado y Yanet Pérez Quevedo necesitaron suturas de varios puntos en sus brazos tras un intento de que quitarse la vida en la prisión Kilo 5 de la provincia de Camagüey, en protesta por el maltrato.

El pasado mes de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares a Fray Pascual Claro Valladares, condenado en abril a diez años por las manifestaciones antigubernamentales de Nuevitas, Camagüey (2022). El pronunciamiento de la CIDH ocurrió después de que Claro Valladares intentara matarse, lo cual ocurrió después de conocer su sentencia. Según la CIDH, «su intento de suicidio fue manejado con negligencia clarísima, sin recibir la atención psiquiátrica necesaria y sufriendo castigos como aislamiento».

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas recordó que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) exigen a los Estados facilitar la asistencia médica recurrente que haga falta para «detectar todo indicio de estrés psicológico o de otra índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o autolesiones (…) y aplicar todas las medidas o tratamientos individualizados que corresponda».

Los casos de intentos de suicidio podrían ser más, pero se desconocen ya sea porque los familiares tienen miedo a denunciar o por la falta de comunicación dentro de las prisiones. A lo largo de los años, algunos ex prisioneros han denunciado asesinatos en las cárceles que las autoridades han optado por comunicar como suicidios al público.