El sicariato colombiano, del magnicidio en Haití al asesinato político en Ecuador

También un comando de colombianos fue el que llevó a cabo en Haití, en julio de 2021, el magnicidio contra quien era presidente de ese país, Jovenel Moïse. Y sicarios colombianos fueron contratados para asesinar en Cartagena de Indias al fiscal paraguayo Marcelo Pucci en mayo de 2022.

En unos casos, como en el magnicidio de Haití, se trató básicamente de personas que habían formado parte del Ejército colombiano, uno de los pocos en Sudamérica donde el fuego real –debido al histórico enfrentamiento con guerrillas y grupos de narcotráfico– forma parte del quehacer diario, lo que da a sus miembros especial entrenamiento y habilidad de manejo de armas modernas, convirtiéndoles en candidatos idóneos para empresas de seguridad privadas en operaciones especiales.

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Precisamente el pasado 6 de septiembre, el capitán retirado del Ejército de Colombia Germán Rivera se declaró culpable en Miami de haber reclutado y organizado el grupo de 28 sicarios, 26 de ellos colombianos, en su mayoría con experiencia previa en el Ejército, para perpetrar el atentado contra Moïse. Una empresa de seguridad de Florida los contrató por 50.000 dólares. Se ha especulado con que Moïse estaba a punto de pasar a Estados Unidos una lista de personas vinculadas con el narcotráfico; falta saber quién ordenó su muerte.

Otras veces, el trabajo sucio se ha encomendado a colombianos de bandas criminales, lo cual en el caso del asesinato de Villavicencio resulta llamativo, pues las propias organizaciones de narcotráfico ecuatorianas han ido creciendo en efectivos y estructuras y podían haber llevado a cabo la acción directamente. No se ha aclarado quién está tras ese asesinato; se ha mencionado al grupo de Los Choneros como especialmente confrontado con Villavicencio, por las acusaciones que este hacía sobre tramas de corrupción política, pero cuando se ve la libertad con que el líder del grupo, alias Fito, se mueve en la cárcel (se le ha visto en un videoclip musical, de muy buena factura, en el que se enaltece su figura), cabría pensar que Los Choneros no tendrían por qué subcontratar el castigo al candidato electoral.

El recurso a mafiosos colombianos es más lógico en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, pues se encontraba pasando unos días de descanso en el litoral atlántico de Colombia. En mayo un tribunal de Cartagena condenó a 25 años a dos hermanos colombianos de planificar y financiar la acción.

El asesinato de Pecci tiene un carácter más internacional, y ha dado pie a Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano, para destacar no solo la transnacionalización sino además la integración a nivel continental de los grupos mafiosos, como contrapunto irónico de lo poco que avanza la integración política latinoamericana en organizaciones regionales de peso y solvencia. Pecci investigaba desde Paraguay la actividad del grupo delictivo brasileño Primer Comando de la Capital; entre posibles responsables de su asesinato se ha mencionado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que estaba escondido en Bolivia.

Más allá del protagonismo de los carteles mexicanos y de los sicarios colombianos en sus respectivos países, se observa tanto una operatividad de los grupos fuera de sus fronteras (los de Sinaloa o de Jalisco Nueva Generación están a pie de cultivos de coca en Colombia y allí controlan laboratorios de cocaína; varias disidencias de las FARC han pasado a Ecuador para asegurar la salida de droga colombiana por puertos de ese otro país) como una creciente colaboración entre los distintos grupos (en el arco que va de Colombia a Chile la criminalidad ha comenzado a contar con el grupo venezolano Tren de Aragua).