Sesenta ministros diferentes en un solo año: a Castillo se le acaba el lápiz

Muchos presentaban entonces al maestro de escuela, que ganó al frente de la candidatura del marginal Perú Libre, como alguien que astutamente iba a imponer el chavismo en su país, y calificaban de ingenuos a quienes no advertían ese peligro. Desde esta columna, sin embargo, se constataba con sosiego que Castillo no tenía margen de maniobra para eso, vaticinando, por ejemplo, que el intento de convocar una Asamblea Constituyente, a imagen de Chile, iba a quedar encallado en el Congreso por falta de apoyo, como así ha sido.

Las limitaciones macroeconómicas eran ya entonces evidentes, como estaba igualmente preanunciada la disputa interna que iba a producirse en Perú Libre, entre Castillo y el presidente del partido, Vladimir Cedrón, que fue quien le puso de candidato.

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A lo largo de este año, no obstante, la disfuncionalidad ha sido incluso mayor de la que cabía imaginar. La bancada de 37 congresistas que inicialmente obtuvo Perú Libre se ha fracturado en cuatro, y el propio Castillo ha mostrado falta de liderazgo y capacidad de crear equipos: en doce meses lleva ya nombrados cuatro presidentes del Consejo de Ministros y alrededor de sesenta ministros, algunos dimitidos o cesados con apenas unos días en el puesto.

Con todo, lo que está poniendo a Castillo al borde del colapso son los presuntos casos de corrupción. Con todo el tiempo y las energías dedicadas a defenderse ante la opinión pública y la Fiscalía, el desgobierno del presidente es evidente y la situación casi insostenible. Diríase que a Castillo se le acaba el lápiz, ese que es emblema de Perú Libre y que él tanto exhibió en la campaña electoral.

A Castillo le está derribando un mal frecuente en Latinoamérica: echar mano de la familia –el clan– para gobernar. Esas relaciones estrechas de sangre (o casi) generan vínculos opacos cuando se trata de manejar dinero, en un contexto de marcado sentido patrimonialista del poder que es endémico en la región.

Ajeno a las clases dirigentes de Lima y desconfiado de su partido político, Castillo se ha refugiado en las relaciones de su entorno tradicional de Cajamarca, departamento rural y minero del que proviene. Así, ha tirado de vínculos personales, como los creados allí con Bruno Pacheco, con quien compartió actividades sindicales docentes y al que nombró secretario personal, y con Juan Silva, un colega maestro al que elevó a ministro de Transportes, y también de vínculos directamente familiares, como los que le unen a sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo. Esas cuatro personas –dadas luego a la fuga, y una de ellas ya en custodia policial, donde ha comenzado a declarar contra el presidente– están involucradas en alguna de las cinco causas que Castillo tiene abiertas.

Se trata del presunto cobro de sobornos para el ascenso a generales de la Policía (al menos ocho coroneles habrían pagado unos 20.000 dólares para su ascenso), el posible favoritismo a una empresa para un contrato con la petrolera estatal, el supuesto plagio del trabajo fin de máster realizado por Castillo y su esposa, la licitación al parecer a cambio de comisiones para la construcción de un puente presupuestado en 62 millones de dólares en un área de la selva, y el presunto encubrimiento por parte del presidente para evitar que fueran detenidos su colaboradores fugados. La investigación de todo ello está dando lugar a situaciones grotescas, como el hallazgo de 20.000 dólares escondidos en un baño del palacio presidencial.

«Con casi toda su familia y entorno acusados de algo», concluía recientemente un editorial del diario «El Comercio», «es obvio que si antes no pudo gobernar, ahora tratar de hacerlo será imposible».

Que a Castillo se le puede estar acabando el lápiz lo prueba el aumento de votos contrarios a su persona que se está dando en el Congreso. Los dos intentos previos de moción de vacancia por «incapacidad moral» (única fórmula viable, pues la Justicia puede investigarle, pero no juzgarle mientras sea presidente) quedaron lejos de la mayoría reforzada de 87 votos requeridos. Sin embargo, la pasada semana sus oponentes reunieron ya 67 votos para negarle el permiso de viaje a Bogotá y asistir allí a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro. Promotores de una moción de vacancia impulsada esta vez desde el centro creen que ya se acercan a los 80 votos.

La oposición, no obstante, se presenta de momento dividida sobre la estrategia a seguir en el desalojo de Castillo. Algunos grupos reclaman que también debiera haber un proceso de inhabilitación de la vicepresidenta, Dina Boluarte, una funcionaria de Perú Libre igualmente de escasa experiencia política, para evitar que sustituya a Castillo. Se plantea al mismo tiempo la conveniencia de nuevas elecciones generales, pero la iniciativa popular de reforma constitucional que lidera el centrista Francisco Sagasti, sitúa el término de su mandato en julio de 2023.

Las encuestas muestran una amplía desaprobación de Castillo (Ipsos la situaba en julio en el 74%, frente a solo un 20% de apoyo), pero la opinión pública castiga también a toda la clase política, con una valoración incluso peor para el Congreso en su conjunto (79% de desaprobación y 14% de apoyo, según Ipsos).