Rusia ha robado a 20.000 niños ucranianos de las zonas ocupadas, según la OSCE

La Corte Penal Internacional emitió en marzo una orden de arresto contra Vladímir Putin y contra Maria Lvova, comisaria rusa para los Derechos de los Niños, como responsables de la «deportación y transferencia ilegales de menores ucranianos desde las áreas ocupadas y en dirección a Rusia», pero hasta ahora se desconocía el alcance de esta práctica, por la que niños ucranianos son sustraídos de su entorno y enviados a familia de acogida en Rusia sin dejar el menor rastro que permita su recuperación. Un informe de la OSCE publicado esta semana en Viena calcula que al menos 20.000 niños ucranianos han sido víctimas de este proceso.

Una misión de investigadores de la OSCE, que ha trabajado recabando datos sobre el terreno, ha llegado a la conclusión de que Rusia puede haber cometido crímenes contra la humanidad al llevar a cabo este secuestro sistemático. La misión recabó la información que ahora presenta basándose en entrevistas con diversas fuentes, incluidas organizaciones internacionales y de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, académicos, periodistas, víctimas y testigos.

«La misión concluyó que ha habido numerosas y superpuestas violaciones de los derechos de los niños deportados a la Federación Rusa», dice el informe de 90 páginas que firman tres expertas independientes en Derecho Internacional Humanitario: la checa Veronika Bílková, que forma parte de la Dirección de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE; la noruega Cecilie Hellestveit y la letona Elina Steinerte, ex relatora principal de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria. «La Federación Rusa no solo ha violado gravemente el interés superior de estos niños en varias ocasiones, sino que también les ha negado su derecho a la identidad, a la familia y a reunirse con sus parientes», agrega el documento, según el cual «la práctica del traslado forzoso o la deportación de niños ucranianos a los territorios ocupados temporalmente y al territorio de la Federación Rusa constituye un crimen contra la humanidad».

Los autores del informe denuncian que los niños, una vez deportados, son sumergidos «en un entorno enteramente ruso, incluyendo el idioma, las costumbres y la religión, y están expuestos a una campaña de información pro-rusa que a menudo se asemeja a una reeducación selectiva, además de estar involucrados en entrenamiento militar».

La misión de la OSCE se ha centrado en los niños huérfanos y no acompañados, ya que son los grupos más vulnerables entre los menores desplazados. «El número de niños afectados sigue siendo incierto, pero estamos hablando de al menos 20.000 menores de los que tenemos constancia», determina Bílková, aunque reconoce que la cifra final podría ser mucho mayor. Las historias se repiten en pueblos y ciudades ucranianas. Los vecinos y responsables de centros de acogida infantil relatan que los agentes del servicio de seguridad nacional ruso FSB alegan en el momento de la deportación «motivos de seguridad».

«Explican que se los llevan porque en Rusia estarán más seguros, pero según el derecho internacional una fuerza de ocupación no puede trasladar por la fuerza población a su territorio, por lo que constituye un crimen», explica Bílková . El informe concreta otro «procedimiento común como el de separar a padres e hijos en puntos de 'filtración' para las autoridades rusas». En numerosos casos, se otorga por la vía de urgencia la nacionalidad rusa a estos menores no acompañados y se dan en adopción, con lo que se borra su identidad ucraniana, se dificulta su localización y pasan a estar únicamente bajo protección de las autoridades rusas. Ante las posteriores peticiones de información sobre su paradero o de su regreso, la administración rusa crea después de forma sistemática obstáculos e impide que las familias que están tratando de recuperar a los niños den con ellos, según Steinerte.

Este informe fue encargado por 45 de los 57 países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el único organismo regional en que EE.UU., los países de Unión Europea, Rusia, Bielorrusia, Ucrania y otras ex repúblicas soviéticas se sientan todavía en la misma mesa y en el que solamente Rusia y Bielorrusia se opusieron a la investigación, pero es la Corte Penal Internacional la que debe recabar pruebas específicas para que el proceso judicial pueda llevarse acabo.