Los republicanos agitan la guerra judicial con una ley para evitar bloqueos a Trump

Con las dos cámaras del Congreso con mayorías republicanas, los jueces se han convertido en uno de los pocos contrapesos a la agenda ejecutiva frenética y transformadora que ha implementado Trump desde su llegada a la Casa Blanca hace casi tres meses.

La cascada de órdenes ejecutivas durante este tiempo ha sido contestada con otra de demandas que exigen, para empezar, medidas cautelares a los jueces que incluyen en muchos casos el bloqueo inmediato de la aplicación de la orden. Muchos jueces han concedido esos bloqueos, en multitud de frentes abiertos: desde la aplicación de una ley bélica de 1798 para deportar a inmigrantes indocumentados de forma expedita hasta la eliminación de agencias federales, organismos supervisores o el despido masivo de empleados federales.

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Trump y sus aliados han reaccionado con furia frente a lo que consideran una inhabilitación del poder ejecutivo concedido al presidente a través del voto popular y defienden que hay «jueces activistas» dedicados a entorpecer la puesta en marcha de su agenda política.

Esta semana los republicanos han aprobado la llamada Ley contra Sentencias Corruptas, cuyo nombre deja clara su intención. Fue aprobada con 219 votos a favor -toda la bancada republicana disponible- y 213 en contra -toda la bancada demócrata disponible- y exige que las decisiones de los jueces se circunscriban a las entidades y personas afectadas por las demandas: es decir, si un abogado de un inmigrante indocumentado exige una medida cautelar de bloqueo por el uso incorrecto de una ley sobre deportación, que solo afecte a ese demandante. Lo que ocurre de forma convencional es que los jueces la aplican a nivel nacional hasta entrar al fondo del asunto, lo que los republicanos consideran un abuso.

«Desde que el presidente Trump volvió a la Casa Blanca, los activistas de izquierdas han colaborado con jueces ideologizados a los que han buscado para sus demandas y que han utilizado sus bloqueos como armas políticas para paralizar decenas de órdenes ejecutivas», criticó el diputado que ha liderado la ley, el republicano Darrell Issa. «La idea de parar estas órdenes judiciales nacionales es porque Trump pierde en tribunales va contra la idea del imperio de la ley», defendió el demócrata Jamie Raskin.

Uno de los grandes episodios de la batalla judicial de Trump se debió a uno de esos bloqueos: el que ordenó el juez federal James Boasberg para detener las deportaciones exprés por la invocación dudosa de aquella ley de 1798. Ese asunto, como muchos otros, ha acabado en el Tribunal Supremo, donde hay una mayoría conservadora de 6-3 y que, por el momento, está otorgando victorias a la Administración Trump.

De hecho, hay una apelación de Trump ante el alto tribunal para impedir esos bloqueos nacionales. El Supremo tiene muchas más posibilidades para que Trump y los republicanos consigan su objetivo: la ley de la Cámara se estrellará con seguridad en el Senado, donde los republicanos necesitarán una mayoría reforzada de 60 votos para la que necesitan, al menos, siete votos demócratas, lo que parece imposible de conseguir.