Las reformas urgentes de Petro encallan en un nuevo caso de corrupción

La historia se cuenta rápido. El escenario, el departamento de La Guajira, al norte de Colombia, en buena parte desértico, donde las comunidades indígenas necesitan agua y saneamiento básico. En junio pasado, el presidente Petro llegó a la región para decir que «la falta de agua en el departamento es dramática y a eso vinimos al departamento, a brindar soluciones definitivas». A medio plazo, la promesa fue instalar un tubo que lleve agua del embalse del río Ranchería a la sedienta alta Guajira; y en el corto, una flota de camiones cisterna para transportar agua potable a todo el departamento, empezando con 22.000 litros.

Pero nada de eso sucedió. En cambio, surgió un entramado de corrupción en torno a la base militar de Uribia, donde cuarenta camiones, a razón de 280.000 euros cada uno, no han llevado ni una gota de agua a las comunidades porque su calidad y tecnología no lo permite. Un desfalco sobre ruedas, del orden de once millones de euros, facilitado por la UNGRD, entidad con muchos recursos y pocos escrúpulos, adscrita a la Presidencia y que ha servido a varios gobiernos de caja menor para negociar inversiones y puestos a cambio de favores de políticos y congresistas. Es la entidad que aceita la maquinaria clientelista.

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En febrero del año pasado llegó para dirigir la UNGRD Olmedo López, político antioqueño del Polo Democrático, partido de la alianza de izquierda que llevó a Petro al poder. López es poco conocido en Colombia, pero diestro en la política menuda en su departamento; su nombramiento disparó pronto las alarmas, pero el presidente Petro no escuchó. Atendiendo los decretos de emergencia dados tras la visita a La Guajira, López hizo una contratación express en octubre de 2023. En tiempo récord, los camiones cisterna rodaron nuevecitos por las redes sociales.

En enero de este año, denuncias de W Radio y el diario 'El Tiempo' evidenciaron que el asunto no andaba bien: eran camiones sin seguros ni condiciones para transportar el agua. Luego se supo que todas las empresas vinculadas con la operación, con tarifas acordadas bajo cuerda, apenas tenían experiencia o capital de respaldo. Y así fue cómo llegó el agua al río de escándalos del Gobierno de Petro. La Fiscalía abrió una investigación y, aprovechando el principio de oportunidad, el segundo a bordo de la UNGRD, Sneyder Pinilla, nombrado por Olmedo López, decide hablar.

El contrato que Pinilla gestionó tuvo un sobrecosto de 1.600 millones de euros, y otros 950.000 fueron a sobornos. Entre los beneficiados, según Pinilla, se encuentran los presidentes del Senado, Iván Name (Partido Verde, parcialmente alineado con el Gobierno) y de la Cámara, Andrés Calle (Partido Liberal, del ala que apoya al Gobierno) para que facilitaran la aprobación de las reformas que el Gobierno de Petro llevó al Congreso, cosa que ambos han negado.

Según Pinilla, Name recibió unos 720.000, mientras Calle, unos 230.000 euros. El dinero para Name fue entregado en maletas a través de la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz (Partido Verde). El Pacto Histórico, coalición de Gobierno que requiere apoyos en el Congreso para pasar las reformas, pidió la renuncia de Ortiz y hoy trata de poner algo de distancia. Quedan dos meses cruciales para sacar adelante las reformas de la salud, las pensiones y el laboral, y esta situación frena la legislatura.

Olmedo López se presentó el pasado martes ante la Fiscalía, buscando beneficios por su colaboración, pero dijo poco. Eso sí, pidió sentidas disculpas a Petro -quien le nombró- y contó que ora mucho. Detrás va el contratista Luis Eduardo López. El proceso se hace ahora lento y el primer gran desafío para la nueva fiscal Luz Adriana Camargo es mostrar diligencia e independencia, además de garantizar la integridad de quienes están revelando la información.

El viernes, el abogado de Pinilla radicó un oficio ante la Corte Suprema en el cual ofrece su declaración ante ese tribunal y reitera su voluntad de «ayudar para el logro de la eficacia de la administración de justicia en esta investigación», además del principio de oportunidad que negocia con la Fiscalía, donde estuvo el pasado 8 de mayo entregando información. De momento, los llamados a declarar son el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González.