El rechazo a Taiwán en Centroamérica augura complicaciones para el banco regional

Frente a las críticas al BCIE por el apoyo que presta a gobiernos poco democráticos, Taiwán ha venido apoyando las políticas del banco que han primado a países como Nicaragua, pero ahora que el régimen de Daniel Ortega ha roto sus relaciones diplomáticas los fondos aportados por Taipéi carecen de su propósito original.

Precisamente esa política de trato condescendiente con gobiernos censurados internacionalmente, como es el caso también de Nayib Bukele en El Salvador, influyó en la decisión de la semana pasada de no permitir la reelección como presidente de la entidad al hondureño Dante Mossi, denominado en algunos medios como «el banquero de los dictadores». En su reunión en Punta Cana, la junta de gobernadores del banco acordó no renovar el mandato de Mossi por otros cinco años. Deberá ser sustituido en diciembre por un nuevo presidente, aún por determinar.

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Aunque en esta dirección empujó algún país centroamericano (el 64% del poder de voto lo tienen los cinco países fundadores: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), hubo mayor presión contra Mossi por parte de otros accionistas, entre los que se encuentran España, Argentina, Colombia, México y Corea del Sur. Son parte también del banco Panamá, República Dominicana, Belice y Cuba.

Mossi ha defendido que durante su presidencia el 26% de las operaciones del BCIE se hayan destinado a Nicaragua, suponiendo una inversión de 3.500 millones de dólares, pues es el país más pobre de la región. Pero a pesar de alegar que no se ayuda al gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, sino a la sociedad nicaragüense, parte de la ayuda ha ido a parar a la Policía Nacional, que es la ejecutora de represión del régimen. Aunque asegura que el BCIE no hace injerencia política –«no es una instancia de derechos humanos», afirma–, ha presentado como propósito de la entidad «proteger» a Nicaragua de las «injustas» sanciones internacionales.

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, ha censurado que con Mossi el BCIE se haya convertido en socio internacional «preferente de la dictadura» nicaragüense.

Al actual presidente del banco se le ha criticado igualmente haber estado más pendiente de ayudar a gobiernos amigos que de una gestión eficiente de la entidad, pues bajo su mandato esta ha aumentado sus gastos administrativos y reducido su rentabilidad.

Taiwán, que vio el BCIE como una oportunidad para hacer llegar fondos a los países que le reconocían, apoyó la ampliación de capital social promovida en 2020 por Mossi, que pasó de 5.000 a 7.000 millones de dólares. Ahora el presidente planteaba otra ampliación, hasta los 10.000 millones, que aparentemente coge a Taiwán sin mucho interés en seguir financiando el proceso. Aunque hay otros países no americanos que están en el BCIE como modo de cooperar con el desarrollo de la región per se –es el caso de España, con el 4,2% del capital, y de Corea del Sur, con el 7,6%–, la participación de Taiwán ha estado muy ligada al hecho de que, de los pocos países que le venían reconociendo, la mayor parte estaba en Centroamérica.

Una eventual marcha de Taiwán del banco dejaría al BCIE en necesidad de llamar a nuevas puertas. China aparecería entonces como posible suscritor, al menos de contratos de cooperación financiera para proyectos específicos. Pero eso abriría en el BCIE el debate que existe en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde el principal socio es Estados Unidos, que ve con preocupación la penetración china en el continente a través de proyectos sufragados por el BID.