Los Veintisiete aprueban que un millón de europeos de cuatro Estados miembros puedan promover iniciativas legislativas

"El Tratado de Lisboa ha introducido una nueva dimensión de democracia participativa en paralelo a la de democracia representativa en la que se funda la Unión Europea con el objetivo de acercar a los ciudadanos a la UE fomentando un debate más transfronterizo sobre las cuestiones de la UE", aseguran los Veintisiete en el texto de conclusiones adoptado por el Consejo de Asuntos Generales en el que avalan la iniciativa.

A su entrada en la reunión, la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, ha destacado que se trata de una iniciativa "muy importante" en la que trabajó la Presidencia española de la UE, durante el primer semestre de este año, y ha celebrado el hecho de que, gracias a la iniciativa, "los ciudadanos europeos van a sentirse más implicados en el proceso de construcción europeo".

Tras meses de negociación, la Eurocámara, el Consejo y la Comisión cerraron el pasado 30 de noviembre el contenido de este mecanismo y acordaron que sea necesario un 'comité ciudadano' con representantes de al menos siete Estados miembros para presentar una petición. A cambio, Bruselas tendrá que pronunciarse sobre la admisibilidad de la propuesta en el momento de su registro y no esperar a que 300.000 firmas la respalden, que es el umbral que quería fijar inicialmente para examinar si es competente o no para legislar en el ámbito de la propuesta.

Otro de los cambios introducido en las negociaciones es que las firmas recogidas deberán representar a un cuarto de los Estados miembros (hoy, siete países de los 27) y no a un tercio como constaba en el texto inicial, ni una quinta parte como pedía el Parlamento. Una vez que una Iniciativa Ciudadana Europea alcance el millón de firmas, el Ejecutivo comunitario debe asegurar que tendrá un "seguimiento" y, al menos, sea sometida a una audiencia pública. Si bien el Consejo ha exigido que no se puedan forzar cambios en los tratados europeos a través de este instrumento. El reglamento limita las iniciativas a "áreas de competencia de la UE" y exige "que sean consistentes con los valores de la Unión".

Además, será cada Estado miembro el responsable de comprobar la autenticidad de las firmas procedentes de sus nacionales y la Comisión Europea tendrá que poner a disposición de los organizadores de cada iniciativa una guía con la metodología y un punto de contacto. Una vez que los ciudadanos registren su iniciativa ante el Ejecutivo comunitario tendrán un plazo de un año para recabar el millón de firmas necesarias. Bruselas también obligará a los organizadores o promotores de una Iniciativa Europea Ciudadana a aportar información sobre la financiación de la campaña a favor de la iniciativa.

Los Veintisiete aprobarán definitivamente el reglamento sin discusión previa después de que la Eurocámara dé su visto bueno a la propuesta de reglamento, sobre la que ya hay acuerdo previo, este miércoles. El reglamento sólo comenzará a aplicarse un año después de su entrada en vigor con el objetivo de permitir a los Estados miembros y a la Comisión Europea adoptar las "medidas necesarias" para aplicarlas, según consta en el texto de conclusiones adoptado este martes. Además, el reglamento volverá a ser revisado en un plazo de tres años, frente a los cinco años propuestos por Bruselas.