Putin aprueba aumentar con 137.000 militares el Ejército ruso en plena guerra de Ucrania

Las fotografías compartidas a través de Twitter por el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dimitro Kuleba, mostraban una realidad menos fría y más dramática, con un coche descabezado y un vagón de tren ennegrecido y abollado por el golpe de un misil. Del mismo modo, la Fiscalía de Ucrania comunicaba que entre los muertos y heridos por el bombardeo figuraban menores de edad, que se incorporan a la lista de casi 1.000 niños muertos desde el inicio de la invasión, según cifras de Unicef.

«Vamos a hacer todo lo posible para que los agresores paguen por todo lo que han hecho», denunció el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una comparecencia telemática ante el Consejo General de la ONU. No menos tajante, la Unión Europea (UE) reclamó que los responsables «rindan cuentas» y calificó los hechos de «ataque odioso perpetrado por Rusia contra civiles», según un mensaje publicado por el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell.

A pesar de la crudeza del bombardeo por su balance de víctimas, y a pesar de que el miércoles el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigu, presumiera de la ralentización de la ofensiva en Ucrania con el supuesto propósito de proteger las vidas de los civiles, lo cierto es que el Kremlin no expresó arrepentimiento y siguió adelante con su política agresiva. En ese sentido, el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto para aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas, integradas por 1,9 millones de personas después de la anterior ampliación aprobada en noviembre de 2017. En esta ocasión, el objetivo es incorporar a 137.000 militares, hasta que la cifra total alcance los 2,05 millones, incluido el personal no combatiente, de los que alrededor de 1,15 millones sean soldados. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Resulta imposible desvincular esta medida de la guerra de Ucrania, en la que las tropas rusas se han topado con una resistencia inesperada frente al optimismo inicial por su aparente superioridad imbatible. Gracias al respaldo militar proporcionada por los países de la OTAN -sin ir más lejos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el miércoles su mayor paquete de ayuda en armas y equipos, por un valor aproximado de 3.000 millones de dólares-, las cosas no se han puesto nada fáciles para el Kremlin. Según recordaba Reuters, resulta difícil establecer el número real de bajas sufrido por los soldados de Putin, pues el baile de cifras es notable, pero desde luego parece superior al oficial. Mientras fuentes rusas solo reconocen por ahora la pérdida de 1.351 de sus combatientes, los occidentales creen que esa cantidad es diez veces mayor, y los ucranianos afirman que hay cerca de 45.000 rusos caídos durante la invasión.

Tras el atentado terrorista y la muerte el pasado sábado de Daria Dúguina, la hija del pensador ruso Alexánder Duguin, por una bomba colocada en su coche, muchos analistas y agencias de la Inteligencia occidental han expresado su temor a un recrudecimiento de la guerra. La firma del decreto por parte de Putin parece confirmar esas sospechas, que el miércoles ya se empezaron a materializar con una oleada de ataques contra Ucrania, siendo el más grave el bombardeo de la estación de tren. «El número de bombardeos contra ciudades y pueblos aumentó. En las últimas 24 horas, la Policía registró 58, muchos más que los que teníamos normalmente», denunció Evhen Evin, viceministro ucraniano del Interior, a través de Telegram. Se trataba de la represalia esperada por la celebración del Día de la Independencia, que conmemoraba más de tres décadas desde que el país invadido logró zafarse del dominio soviético.

Al tanto de ese deterioro de la situación en Ucrania, y después de advertir esta semana de su seguimiento sobre el estado de los soldados rusos apresados por el Kremlin y su derecho a ser sometidos a un juicio justo, la ONU volvió a pronunciar palabras de apremio para intentar acelerar el final del conflicto. Durante su rueda de prensa de final de mandato, su Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, pidió a Putin poner fin al «ataque armado contra Ucrania» y exigió que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y convertida en otro de los principales centros de tensión durante el conflicto por temor a que resulte fatalmente dañada en las hostilidades, sea «desmilitarizada de inmediato». Tras recordar que al menos 5.587 civiles han muerto desde febrero y 7.890 han resultado heridos, la expresidenta chilena lamentó estos seis meses «increíblemente terroríficos» para el pueblo ucraniano. «[Cerca de] 6,8 millones de personas tuvieron que huir de su país. Millones más se han visto desplazados dentro», denunció.

El uso de material militar particularmente agresivo no mejora la perspectiva de millones de ciudadanos inocentes atrapados en la guerra. En su informe anual, la Coalición contra las Municiones de Racimo denunció el uso de ese tipo de armas en la guerra de Ucrania, documentado en ambos bandos. A su juicio, «un flagrante desprecio por la vida humana».