Protestas en las calles tras la ratificación de la condena contra Cristina, mientras el kirchnerismo busca sustituto

La expresidenta, que gobernó Argentina entre los años 2003 y 2015, fue condenada por corrupción en la causa Vialidad por la adjudicación irregular de 51 obras públicas en Santa Cruz. La líder del kirchnerismo tiene ahora cinco días para presentarse para su detención. Solicitó cumplir la condena en calidad de prisión domiciliaria -cerca de su familia- y no utilizar tobillera electrónica, pero aun aguarda la respuesta. Los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola, pidieron su «inmediata detención». El presidente Javier Milei celebró el fallo en sus redes sociales con una palabra: «Justicia».

Las manifestaciones contra la decisión de la Corte Suprema habían comenzado, incluso, antes de que se diera a conocer el fallo que enviaría a la ex jefa de Estado a prisión. En las horas previas a la reunión de los tres magistrados que integran este órgano - Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, -, cuando todo indicaba que la resolución perjudicaría a la expresidenta, en las calles de Buenos Aires ya se hacía sentir el descontento. En la tarde del martes la mayoría de las entradas a la ciudad fueron bloqueados por protestas y el Gobierno envió a la gendarmería a liberarlos.

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Pero, conforme avanzaban las horas, la situación se fue poniendo todavía más tensa y, apenas darse a conocer que Cristina Fernández de Kirchner ira a prisión y que no podrá ser candidata en las elecciones legislativas del mes de octubre, el enojo alcanzó su punto más álgido. De hecho, esta mañana Argentina amaneció con varias universidades tomadas, además de convocatorias a manifestar en distintos puntos del país. Una de las protestas más importantes tendrá lugar frente al Congreso, donde se darán cita kirchneristas, universitarios, distintos sindicatos y la izquierda para repudiar la decisión de la Justicia.

Por otro lado, la expresidenta recibió en las últimas horas el apoyo de los expresidentes de Bolivia, Evo Morales; y de Ecuador, Rafael Correa, así como del Grupo Puebla -que reúne a exmandatarios latinoamericanos de izquierdas-.

El nuevo escenario obliga al kirchnerismo a reacomodar sus fichas con celeridad, habida cuenta de las elecciones que tendrán lugar el próximo 26 de octubre. Con la figura central del movimiento en prisión, debe buscar un reemplazo con prisa para dar batalla en las urnas. Cabe tener en cuenta que, tras la decisión de la Justicia, la expresidenta tampoco podrá continuar al frente del Partido Justicialista, quedando, de esta manera, acéfalo el peronismo.

Después de haber agotado todas las instancias posibles en el ámbito local, tras haber presentado varios recursos que luego fueron rechazados e incluso haber pedido la recusación de uno de los jueces que integran la Corte, la expresidenta sale en busca ahora de la ayuda de organismos internacionales. De hecho, el martes –tras darse a conocer el fallo- Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta viajó a La Haya para denunciar «persecución política» ante la Corte Internacional de Justicia. «La lucha será global», advirtió el letrado a la prensa argentina.