Ex primera ministra de Perú es detenida en investigación por golpe de Estado contra Castillo

Chávez salió de su domicilio bajo custodia policial y fue traslada a la carceleta del Poder Judicial de Tacna, una localidad fronteriza con Chile, donde se le leerán sus derechos y pasará la inspección médica legal, a la espera de que las autoridades determinen si es llevada a Lima o cumple su detención ahí, según informó el coronel policial Ramón Ramos a periodistas.

El jefe policial añadió que Chávez no opuso resistencia a la detención, que colaboró «en todo momento» con los agentes y que antes de ser esposada se despidió de su familia.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el magistrado César San Martín, pidió este lunes a la Policía Judicial que capturara a Chávez, tras declarar fundada la petición del Ministerio Público en su contra por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022), del pasado 7 de diciembre.

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Poco más de una hora después de que se hiciera pública esta información, Chávez hizo una transmisión en directo en su cuenta de Tik Tok en la que declaraba estar «tranquila» en su casa esperando a la Policía y afirmó que no estaba sola «si no acompañada por millones de personas».

Añadió que aún no había sido notificada de la decisión judicial, pero reiteró que permanecería en su domicilio en Tacna, ciudad donde solicitó cumplir la detención preventiva, porque ahí tiene «todos sus arraigos».

Mientras los agentes llegaban al domicilio, periodistas que también acudieron al lugar denunciaron que personas del entorno de Chávez robaron y dañaron su equipo.

Por su parte, la Fiscalía publicó en su cuenta de Twitter que logró que «se declare fundada la apelación y que el Poder Judicial disponga prisión preventiva por 18 meses contra la investigada Betssy Chávez, por el presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración, en agravio del Estado«.

En su resolución de este martes, la Sala Suprema rechazó aplicar la misma medida a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, también investigados por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Castillo.

En este sentido, el Ministerio Público confirmó que Sánchez y Huerta continuarán con la medida de comparecencia con restricciones.

El pasado 26 de abril, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley había rechazado imponer la prisión preventiva contra los tres exministros, aunque les dictó comparecencia y el pago de una fianza de 100.000 soles (27.700 dólares o 25.316 euros) contra Chávez, de 80.000 soles contra Huerta, exministro del interior, y de 50.000 soles contra Sánchez, extitular de Comercio.