La Fiscalía denuncia al presidente de Perú ante el Congreso como presunto líder de una banda criminal

La denuncia de la Fiscal incluye a dos exministros acusados de tráfico de influencias: Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, extitular de Vivienda, a quienes se sindica como parte de la organización que supuestamente dirige Castillo desde la presidencia.

Se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas«, informó Benavides en redes sociales. Informa EP.

«Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción«, agregó. El Congreso deberá debatir en los próximos días la denuncia que puede conllevar la suspensión de Castillo, para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la cámara.

El futuro del mandatario se torna sombrío, ya que la alianza de izquierda que lo apoya en el Congreso solo cuenta con un tercio de los escaños, insuficiente para frenar la suspensión, que conlleva la separación del cargo hasta el final del mandato, en julio de 2026, aunque mantendrá la inmunidad, una figura que no evita que pueda ser investigado.

La reacción de Castillo no se hizo esperar; negó que su familia haya cometido delitos y dijo ser víctima de una campaña para sacarlo del poder. «No voy a salir del país y nos sometemos a todo tipo de investigación -en mi familia y en el ámbito ministerial- porque sabemos que no hay ningún fundamento real», dijo en rueda de prensa. «Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú», precisó a Afp.

A todo ello hay que añadir que un juzgado peruano decidirá hoy si prohíbe salir del país a la la primera dama, Lilia Paredes. A la espera de que se dicte la medida, la Fiscalía realizó ayer varios allanamientos a nivel nacional contra un grupo de seis congresistas conocido como 'Los niños' y la casa de la hermana del presidente Pedro Castillo, investigados por formar parte presuntamente de la organización criminal que dirige el mandatario peruano.

El magistrado del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, Raúl Justiniano, decidirá hoy si le dicta o no la prohibición de salida por un periodo de tres años a Lilia Paredes, esposa del presidente Castillo, en un proceso abierto contra ella por supuestamente ser parte de una organización criminal en la que se entregaron obras a diversas empresas a cambio de prebendas.

El fiscal Jorge García mantiene que «en el caso de la investigada Lilia Paredes corresponde aplicarse el primer tercio de la pena, por ser reo primario, esto es entre 8 años y 10 años de cárcel, por lo que incluso en la pena mínima hace que sea un elemento a considerar». Es por ello, que el fiscal considera necesario evitar que salga del país la primera dama, ante el riesgo de que se fugue en el avión presidencial, como podría haber sucedido –algo que está investigando la Fiscalía– con el sobrino del mandatario, Fray Vasques, sobre el que hay una orden de detención desde principio de este año.

«Está en investigación en el Congreso y es público que se está investigando cómo se utiliza el avión presidencial para sacar a los familiares del presidente de la República, y la señora Lilia Ulcida Paredes Navarro es familiar del señor presidente constitucional de la República. ¿Existe el peligro de que vaya a utilizar el avión presidencial para que se fugue la señora Lilia Ulcida Paredes? ¡Existe, señor!», exclamó el fiscal García durante la audiencia.

Por su parte, el abogado de la primera dama, Benji Espinoza, dijo que «no eran serios los argumentos del fiscal García porque no abraza hechos, sino suposiciones».

La denuncia contra Castillo se produjo el mismo día de que este denunciara el maltrato contra su familia tras el allanamiento a la casa de su hermana en la localidad rural de Anguia en Cajamarca (noreste del país) donde se recuperaba la madre del presidente de una operación de apendicitis.

«La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizó a la Fiscalía de la nación por la salud de mi señora madre», dijo el presidente Castillo en su cuenta de Twitter, tras el allanamiento a la casa de su hermana.

Desde que llegó a la Presidencia de Perú, Castillo, educador de profesión, se ha enfrentado a dos peticiones fallidas de destitución del Congreso. Es investigado por la Fiscal de la Nación presuntamente dirigir una organización criminal junto a su esposa y su cuñada e hija adoptiva, Yenifer Paredes, quien está detenida por ser parte de la organización donde fueron entregadas obras en todo el país a empresas a cambio de prebendas.