Primer presupuesto de Trump: 8% más en defensa, recortes del 35% al resto

Se trata de un plan de 1,7 billones de dólares en gasto discrecional —una reducción del 7,6% respecto al año anterior— que excluye aún las partidas de ingresos y gasto obligatorio, a la espera de que se tramiten mediante el mecanismo legislativo que se conoce como reconciliación presupuestaria.

Trump propone destinar un billón de dólares a defensa, lo que representa un aumento del 13%, mientras que el gasto no relacionado con defensa baja a 557.400 millones, el nivel más bajo desde el año 2000 ajustado por inflación.

La mayoría de agencias civiles sufrirán recortes del 35% en promedio, salvo excepciones como Transporte, Seguridad Nacional y Asuntos de Veteranos. El mensaje es claro: reducir el tamaño del Estado y eliminar programas considerados «despilfarradores», «adoctrinadores» o «instrumentos ideológicos del Estado contra su propia población».

Entre los objetivos principales del recorte figuran programas vinculados a la política identitaria, la equidad racial y de género, y las políticas LGTB. El equipo de Trump asegura que se eliminarán estos programas en todas las agencias donde existan.

El presidente acusa al anterior Departamento de Educación de destinar millones de dólares a formar maestros en base a estas ideas, y propone consolidar al menos 18 programas educativos en un nuevo sistema de subvenciones, manteniendo solo los fondos federales esenciales como el Título I (para escuelas con alumnos de bajos recursos) y las llamadas becas Pell.

Trump inicia también el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y plantea un recorte de 49.000 millones de dólares en ayuda exterior. Esta reducción afectará a fondos no utilizados y se centrará en eliminar lo que califica como «activismo ideológico» en el extranjero. El presupuesto pone fin a subvenciones a proyectos como emisiones de 'Barrio Sésamo' en Irak o campañas de activismo LGBT en África.

En materia de seguridad interior, se propone un aumento del 65% en el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, que permitiría financiar el muro fronterizo, aumentar la plantilla de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP), y modernizar los sistemas de vigilancia.

Esta expansión, como en defensa, se financiará parcialmente mediante partidas de gasto obligatorio aprobadas por mayoría simple, evitando el posible bloqueo del Congreso.

El presupuesto también propone reducir fondos destinados a organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las operaciones de paz de Naciones Unidas, y plantea la creación de un Fondo de Oportunidades América Primero para concentrar la ayuda exterior en proyectos considerados prioritarios por el Gobierno.

En el ámbito sanitario, se recortan los fondos a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y a los Institutos Nacionales de Salud (NIH), aunque estos últimos conservarán un presupuesto de 28.000 millones de dólares. Se eliminan programas considerados ineficientes, como subvenciones indirectas para infraestructuras universitarias o el financiamiento de centros de equidad racial dentro del Departamento de Salud.

También se reduce la financiación del programa federal de asistencia energética a hogares de bajos ingresos (LIHEAP), al que se acusa de fomentar el abuso del sistema de ayudas públicas.

Por último, aunque la Casa Blanca reconoce que será el Congreso quien tendrá la última palabra, anticipa que utilizará todos los mecanismos legales a su alcance, incluida la Ley de Control de Retención Presupuestaria (traducida del Impoundment Control Act), que permite al presidente retener temporalmente fondos aprobados por el Congreso, para imponer parte de estos recortes si fuera necesario.

Trump ha estado «muy involucrado» en la elaboración de este presupuesto, según sus asesores en una llamada con la prensa, y lo considera una herramienta clave para recortar el gasto público, reducir la burocracia y reforzar las prioridades que definió desde el inicio de su segundo mandato: seguridad, control migratorio y combate al «Estado ideologizado».