El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disuelve la Asamblea de Ecuador para evitar su destitución

Rodeado por sus ministros más cercanos, dijo haber firmado el Decreto 741 y aplicado el artículo 148 de la Constitución, lo que también le permitirá gobernar con decretos (ya anunció uno sobre reforma tributaria) mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque, en un plazo de siete días, a elecciones, para elegir nuevos asambleístas y nuevo presidente y vicepresidente de la República, por lo que el país podría ir a las urnas en 90 días.

Mientras Lasso intervenía en la cadena nacional, los ecuatorianos se enteraban de que el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, y el Palacio Legislativo habían sido rodeados por policías y militares desde la madrugaba. Hubo confusión, y no pocos prefirieron regresar a sus domicilios, porque además algunas calles habían sido cerradas a la circulación en la capital.

El presidente, que fue replicado en las diversas plataformas y redes, justificó su decisión señalando que su finalidad era «dar respuesta a la crisis política que tiene entrampado a Ecuador». Dijo también que desde el inicio de su gestión (24 de mayo de 2021) la Asamblea Nacional se había obsesionado con acabar con su Gobierno. Y acusó al Legislativo de que su único proyecto político haya sido «la desestabilización de la democracia y el Estado», al tiempo de subrayar que la aplicación de la 'muerte cruzada' le devolverá al pueblo la capacidad de decidir sobre su futuro.

Es la primera vez en Ecuador que un presidente disuelve el Congreso Nacional. La decisión se habría tomado la madrugada de ayer, luego de echar cuentas y confirmar que le faltarían los votos para evitar la censura y destitución en el juicio político que llevaban adelante en su contra los parlamentarios de mayoría opositora. El apoyo de una importante facción de Pachakutik, el brazo político del Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y una facción de la Izquierda Democrática (social democracia), más su bloque parlamentario, no alcanzaban para salvar al Ejecutivo. Para destituirlo se necesitaban 92 votos de los 137 asambleístas, cifra que, supuestamente, ya tenía la oposición.

En medio del nerviosismo y la incertidumbre, fue una jornada de comunicados. El que emitió la bancada de la Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, fue ambiguo. Por un lado, dijeron que el decreto de Lasso es la evidencia «del triunfo del juicio político», porque ellos sí tenían los votos para destituirlo; y, por otro, celebraron ir pronto a las urnas. Algunos de sus dirigentes dijeron estar listos para nuevas elecciones y hasta difundieron un vídeo promocional.

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Desde el sector de sus aliados de campaña, devenidos en enemigos políticos, los líderes del Partido Social Cristiano (PSC), con el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, a la cabeza, sembraron dudas sobre las razones que tuvo Lasso para decretar la 'muerte cruzada'. «En vez de actuar con razón y firmeza, el presidente y los que lo asesoran han actuado con miedo y con odio», dijeron en un comunicado, subrayando que «solo beneficia a aquel que odian y temen». Sin mencionarlo, es claro que se refieren al expresidente Correa, cuyo movimiento político ganó las elecciones seccionales en febrero, al lograr, incluso, las alcaldías de Quito y Guayaquil, infringiendo una gran derrota al mismo Nebot, cuyo partido había retenido la alcaldía porteña por 21 años.

El Gobierno ha cubierto todos los flancos para explicar su decisión. Lasso convocó a Carondelet al cuerpo diplomático acreditado en Quito para informales de las consecuencias de disolver el Congreso, una medida que remarcan es constitucional, aunque algunos grupos parlamentarios han anunciado que presentarán acciones de protección para buscar revertir la disolución del Congreso.

El expresidente Osvaldo Hurtado (demócrata cristiano), cercano a Guillermo Lasso, se pronunció señalando que la decisión es políticamente correcta, porque «ha liberado a la democracia ecuatoriana del golpe de Estado parlamentario tramado por el dictador Correa».

La figura de la llamada 'muerte cruzada' fue incluida en el texto que se redactó en la Constituyente convocada en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Fue considerada un «traje a la medida» del expresidente porque daba más poderes al Ejecutivo y afianzaba el presidencialismo. Por ello, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, respaldó la que llamó «decisión constitucional que debe ser respetada por todos los ciudadanos». Eso sí, precisó que las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones obedientes y no deliberantes, y anticipó que en caso de disturbios actuarán con firmeza.

La población se pregunta qué destino tendrán las acusaciones que los parlamentarios interpelantes hicieron al presidente Lasso. Arguyeron que tuvo conocimiento de los malos manejos y perjuicios para el Estado que suponía un contrato firmado por la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) con la empresa Amazonas Tankers, aunque los abogados del primer mandatario han demostrado que los contratos fueron suscritos durante el Gobierno de Lenín Moreno.

La 'muerte cruzada' se produce en un momento en que el mandatario ecuatoriano tiene las más bajas cifras de aprobación, tras sufrir una seria derrota en la consulta popular del 5 de febrero pasado, aunque la Asamblea Nacional tiene peores notas, ya que apenas 7% de la población la respalda, pero igual llevó adelante el juicio político que, al parecer, se ha extinguido.