El presidente de Bolivia niega un «autogolpe» de Estado: «Zúñiga actuó por cuenta propia»

La sede de Gobierno fue militarizada el pasado miércoles en la tarde, llegaron a Plaza Murillo militares, acompañados de vehículos blindados y desalojaron a civiles con gases lacrimógenos y balines, dejando más de una decena de heridos. Una acción encabezada por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga.

Horas después el general Zúñiga fue detenido y, mientras era conducido a un vehículo policial, declaró que la orden la dio el presidente de Bolivia Luis Arce para subir «su popularidad» en medio de los conflictos sociales.

«Zúñiga actuó por cuenta propia» salió a decir públicamente el presidente de Bolivia el jueves en la noche para negar que se tratara de un «autogolpe» y reforzó la idea de que él encaró al militar y frenó que se rompiera el orden constitucional en el país.

La primera autoridad de Bolivia explicó que se enteró del movimiento militar a medio día y decidió el nombramiento de nuevas autoridades militares para que ordenaran el repliegue a los cuarteles.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó este viernes a los nuevos detenidos. Ya suman 21, entre ellos, el excomandante de las Fuerza Aérea Boliviana y el militar que conducía el vehículo blindado y rompió una de las puertas de Palacio Quemado, oficinas presidenciales.

Delitos como terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado son investigados. Del Castillo dijo que incluso se debe investigar presunto «magnicidio» porque se puso en riesgo la vida de altas autoridades como el presidente y vicepresidente.

Las autoridades de Bolivia señalaron que han identificado al menos a 34 personas implicadas en el movimiento militar liderado por el general Zúñiga. Para algunos de los arrestados, el Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva en cárceles de ese país, para continuar con las investigaciones y evitar fugas.

«El presidente me dijo que necesitaba algo para levantar su popularidad», dijo Zúñiga en el momento de su detención. Sin embargo luego cambió su versión y declaró que el presidente autorizó el movimiento militar debido a los protestas sociales que se anunciaban y, finalmente, se abstuvo de volver a declarar acogiéndose al derecho al silencio.

Estas declaraciones han provocado que autoridades opositoras al gobierno soliciten una comisión en la Cámara de Diputados qué investiguen los hechos para descartar que el movimiento militar no se trató de un «acto político».

La incertidumbre continúa en el país latinoamericano tras la toma militar. Hay grupos afines al presidente Luis Arce que continúan en vigilia, mientras laplaza Murillo continúa con fuerte resguardo policial.

Los hechos del pasado miércoles 26 de junio se registraron en medio de conflictos sociales protagonizados por médicos y gremiales que exigen al gobierno solucionar el desabastecimiento de combustible y la falta de circulación de dólares.

No obstante, hay expertos que sugieren que el denominado «intento golpe de Estado» podría agravar la situación económica en Bolivia.