La Policía surcoreana denuncia que agentes de seguridad intentan impedir los registros en la oficina del presidente

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ABC

Su detención fue motivada por su inculpación en la relación de sucesos que envolvieron la breve instauración de la ley marcial en el país a principios de mes

Las autoridades surcoreanas han comenzado este miércoles dichos registros en la oficina presidencial y en la sede central de la Policía para la incautación de pruebas, como parte de la investigación al presidente del país, Yoon Suk Yeol, por su declaración de la ley marcial a principios de diciembre.

El equipo a cargo de la investigación por la polémica ley revocada horas después de su decreto por el Parlamento ha confirmado además que se han llevado redadas en las oficinas de la Policía Metropolitana de Seúl, y de la Guardia de la Policía de la Asamblea Nacional.

Estos registros tienen lugar poco después de que conocer la detención este miércoles del jefe de la Policía Nacional, Cho Ji Ho, y del responsable del mismo cuerpo de la capital surcoreana, Kim Bong Sik, por presunta insurrección.

Los agentes han arrestado sin orden judicial a Cho y Kim, quienes habrían dado la orden a los agentes del orden de acordonar el complejo de la Asamblea Nacional para impedir el acceso a los diputados en un intento por revertir el decreto de ley marcial, recoge la agencia de noticias estatal Yonhap.

Estas detenciones tienen lugar apenas un día después de que el exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, fuera arrestado este martes bajo el mismo cargo. En las últimas horas, Kim ha sido trasladado a una celda protectora tras haber intentado quitarse la vida en un centro de detención en el este de Seúl.

Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, ha solicitado este miércoles la formación de un comité especial destinado a realizar una investigación parlamentaria sobre la declaración de la ley marcial.

En unas declaraciones a la prensa recogidas por la mencionada agencia, Woo ha defendido la apertura de esta investigación en el seno del Parlamento para obligar al mandatario surcoreano a dar «testimonio público» sobre la medida impuesta el 3 de diciembre.